- Galicia paraliza la caza del lobo hasta el 31 de julio, pero volverá a autorizarla en agosto: el campo sigue sin medidas efectivas de control.
Un vacío judicial y político que el rural paga
La justicia ha suspendido la caza del lobo en Galicia, pero la prohibición solo estará en vigor hasta el 31 de julio. Un día después, el 1 de agosto, entrará en vigor una nueva orden de la Xunta que vuelve a autorizarla. Esta sucesión de normas y recursos judiciales genera un “intermedio legal” que deja al lobo sin control efectivo mientras las explotaciones ganaderas siguen acumulando daños. El problema no es nuevo: Galicia no ha conseguido abatir ni un solo ejemplar desde 2013.
Suspensión judicial a contrarreloj
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) paralizó cautelarmente la orden autonómica de 2024 que permitía autorizar esperas y batidas contra el lobo. Lo hizo tras un recurso de WWF Adena, aplicando el principio de precaución ante el posible impacto sobre la viabilidad de la especie.
Pero esa orden, suspendida esta semana, expira automáticamente el 31 de julio. El 1 de agosto comienza el nuevo período de caza 2025-2026, con otra orden ya publicada por la Xunta y también recurrida —esta vez por la Asociación para la Conservación del Lobo Ibérico (ASCEL)— que ha solicitado medidas cautelares similares. Si no hay respuesta judicial a tiempo, Galicia volverá a autorizar extracciones a partir de agosto.
Más lobos, más ataques, y ninguna baja
Durante este breve lapso, toda gestión queda paralizada. Las únicas esperas autorizadas en A Coruña y Ourense no lograron abatir ejemplares. Las restantes han sido suspendidas. Mientras tanto, los ataques al ganado se disparan: más de 2.800 animales muertos y 2.100 notificaciones en la última campaña, según Unións Agrarias.
Galicia es la comunidad con mayor densidad de lobos de la UE. Y la única donde no se ha matado ninguno desde hace más de una década. En contraste, Cantabria ha ejecutado ya 9 extracciones este año (de un total previsto de 41) y Asturias prepara 53.
Una guerra de autos judiciales
El fallo del TSXG contrasta con las decisiones de otros tribunales superiores. En Cantabria, la justicia rechazó medidas cautelares similares, argumentando que un estado de conservación favorable del lobo no impide aplicar controles cuando la presión sobre el ganado lo justifica.
La diferencia de criterio crea inseguridad jurídica y rompe la equidad territorial. Galicia se ve obligada a aplicar una política de máximas garantías ambientales, mientras otras comunidades ejecutan planes de extracción sin trabas judiciales.
¿Dónde queda la coexistencia?
Las entidades ecologistas celebran el auto y reclaman una gestión basada en datos científicos. WWF defiende que no se puede analizar la situación del lobo por comunidades, sino a escala peninsular, como establece la UE. Desde el sector ganadero, sin embargo, se denuncia una falta de equilibrio entre la protección de la especie y la supervivencia del rural.
Unións Agrarias lo resume con claridad: el objetivo no es exterminar, sino garantizar la convivencia. Y esa convivencia pasa por medidas de control cuando los ataques son reiterados, junto con apoyo preventivo, compensaciones rápidas y seguridad jurídica. Hoy por hoy, Galicia carece de todo eso.
Europa pide adaptación territorial
La propia Unión Europea ha abierto la puerta a flexibilizar la protección del lobo, adaptándola a la realidad de cada territorio. Esa línea ha sido defendida también en el Parlamento Europeo, reconociendo que el éxito de conservación debe ir acompañado de equilibrio social y territorial.
La Xunta defiende que sus planes están alineados con esta orientación europea, y que Galicia —con más lobos que Francia o Portugal— necesita instrumentos para gestionar la especie. Pero sin respaldo judicial, el plan queda en papel mojado.
Ni gestión ni certezas
El caso del lobo en Galicia es el reflejo de una desconexión creciente entre los tribunales, la administración y el territorio. Ni las normas de caza de la Xunta ni los recursos ecologistas resuelven el problema de fondo: el campo sigue sin protección real ante una especie que genera daños y conflictos que no se pueden abordar con un calendario judicial.
Mientras los tribunales discuten resoluciones y medidas cautelares, los ganaderos suman bajas, y el lobo sigue, impune, desde hace más de una década.
