- El operativo de la Guardia Civil descubre un caso de fraude en el etiquetado de aceite de oliva procedente de Portugal, evidenciando la determinación de las autoridades en combatir prácticas fraudulentas en el sector alimentario.
La Guardia Civil ha llevado a cabo un operativo en las localidades de Ribadumia y Poio, donde se ha descubierto un caso de fraude relacionado con la comercialización de aceite de oliva procedente de Portugal. En una intervención coordinada por la patrulla fiscal y de fronteras de Pontevedra (PAFIF), se incautaron un total de 1.573 litros de aceite de oliva en almacenes de distribución alimentaria y comercios minoristas, debido a irregularidades en el etiquetado y falta de documentación obligatoria.
La alerta inicial surgió del puesto de la Guardia Civil en Cambados, que recibió información sobre posibles irregularidades en la comercialización de aceite de oliva. Tras una investigación, se identificó a una empresa de Ribadumia como el foco de la actividad sospechosa. Durante una inspección en las instalaciones de esta empresa, se encontraron 1.200 litros de aceite de oliva con etiquetas que carecían de información esencial, como la denominación de origen y el país de procedencia, así como el registro sanitario requerido y los datos de contacto del envasador.
El responsable de la empresa declaró que el aceite provenía de Portugal y que ellos mismos lo envasaban en Galicia utilizando las etiquetas proporcionadas por la empresa portuguesa, cuya ubicación exacta desconocían. Este hallazgo llevó a una operación adicional dos días después, en otro almacén de la misma empresa en Poio, donde se incautaron otros 300 litros de aceite con las mismas irregularidades de etiquetado.
Además, se realizaron inspecciones en tres comercios minoristas en Poio, donde se encontraron 73 botellas más del mismo aceite de oliva fraudulento. Estas acciones han llevado a la presentación de denuncias por infracciones a la calidad alimentaria y fraude en la declaración del IVA en una importación intracomunitaria. Los responsables podrían enfrentar multas significativas si se confirman las acusaciones de evasión fiscal, lo que demuestra la determinación de las autoridades en combatir este tipo de prácticas fraudulentas en el sector alimentario.
