- Precisamos un cambio de modelo
- Las medidas anunciadas por el Ministerio son escasas y poco concretas, solo sirven para disuadir las movilizaciones del sector
- La UE sigue sin admitir que el enfoque de la PAC no es positivo ni para las personas productoras ni para las consumidoras
Cómo responde a las movilizaciones del sector agrario desarrolladas durante los meses de febrero y marzo, el pasado 1 de abril el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación presentó un paquete de 43 medidas.
Una vez analizadas, desde el Sindicato Labrador Gallego-Comisiones Labradoras (SLG-CCLL) echamos en falta, respeto a la Ley de la Cadena y a todo el relativo a la fijación de precios, compromisos concretos sobre procedimientos y plazos para publicar los informes, así como mecanismos para hacerlos cumplir y poner fin a las prácticas abusivas que lastran la cadena estrangulando a las productoras y productores. Precisamos propuestas reales, definidas, que permitan reforzar el papel de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) al tiempo que se proporcionen informes periódicos de la cadena de las distintas producciones, sin perder de vista a necesidad de apoyar una modificación de la Directiva Europea de Prácticas Abusivas.
Siguen faltando también en las propuestas ministeriales mecanismos que garanticen precios dignos que cubran costes de trabajo y remuneren a las personas productoras. Cuestión en la que tanto el Ministerio como, en nuestro caso, la Consellería del Medio Rural, tienen un papel importante al ser administraciones que tienen la capacidad -y la responsabilidad- de proporcionar informes sobre costes de producción y funcionamiento de la cadena que podan ser tomados como base para establecer los precios que el sector precisa.
Con respeto a la flexibilización en las cargas burocráticas de la PAC, se asume una demanda importante para el SLG, como es la de la no obligatoriedad del cuaderno digital, corrección que venimos demandando desde el año 2022.
Sin embargo, en otros otros requisitos que también son muy problemáticos para las pequeñas y medianas explotaciones -como la identificación electrónica de bovinos para junio de 2025; el plan sanitario integral, incluido el veterinario de explotación; el plan de fertilización, el asesor en fertilización…- el único que se establece es una prórroga en su aplicación. Reiteramos que el que se debe hacer con este tipo de requisitos es eximir a las pequeñas y medianas granjas.
Cuando estos aplazamientos, en algunas medidas de flexibilización importantes sigue habiendo muchas incertidumbres. Consideramos que hay que esperar a ver cómo se concretan, por ejemplo, el Decreto de Ordenación de Bovinos o el Decreto de Nutrición de Suelos. Así, en este último no se nombra para nada la BCAM 10, so se habla de este Real Decreto en la medida 14, pero no se concreta nada sobre las formas permitidas de la aplicación ni sobre los anuncios que llevamos escuchado este último mes -a Consellaría tiene que aclarar ya que sistemas de aplicación va a permitir-. Además, se retrasan los deberes del plan de abonado y del asesor/a de fertilización, de nuevo en lugar de eximir de este requisito a las pequeñas y medianas granjas y mantenerlo para las explotaciones agroindustriales. En el RD de Bovinos, en el punto 12 no queda claro que aspectos se van a modificar, es preciso concretar. Y en lo tocante la exigencias con las que ya hemos mostrado nuestra disconformidad desde el SLG por ser redundantes con las ya existentes, como es la de tener un veterinario/a de explotación, simplemente se aplazan un año.
Por otra parte, con la poca Superficie Agraria Útil (SAU) que tenemos en Galicia parécenos importante que nos permitan no tener que dejar superficies improdutivas. En territorios donde el suelo está totalmente degradado consideramos que es una medida útil establecer este tipo de actuación, al igual que incrementar otras exigencias respeto a la protección del suelo o a los objetivos de protección de la salud, como la reducción de fitosanitarios, pero no solo no es una medida que no se ajusta a las necesidades nuestro territorio, sino que mismo es negativa para nosotros.
Siendo suficiente en nuestras particularidades, Galicia tuvo muy poca implantación de los ecorreximes en la primera campaña de esta PAC (2023) que, por cierto, las labradoras y labradores gallegos aún no cobramos, pero por lo visto no se consiguió que el Ministerio había analizado esta situación. Según sus propios datos, tuvimos muchas menos hectáreas en eco-régimen que otras comunidades autónomas, por lo que habría que analizar él porque de intentar corregir esa situación.
A nivel de medidas internacionales, los acuerdos tomados son mínimos y claramente insuficientes, solo se habla de exigir mantener las producciones por debajo de los límites máximos de residuo en las sustancias autorizadas en la UE y de residuo 0 en las sustancias prohibidas. Es decir, no se mejora en nada, lo que se pide es el cumplimiento de las medidas ya existentes, al tiempo que se reconoce que la UE no aplica mecanismos que permitan garantizar en los alimentos importados algo tan básico como son estos requisitos a nivel de salud alimentaria.
Es obvio que las medidas propuestas no son suficiente, precisamos un cambio de fondo en el plantexamento de las políticas agrarias europeas en relación que estrategia global de la UE. La alimentación no es una mercancía. Las instituciones europeas tienen que asumir de una vez por todas que hay que dejar de utilizar la agricultura como moneda de cambio y posicionarse en contra de tratados de liberalización como lo de Mercosur (carne, productos agrícolas …) o lo de Nueva Zelanda (cordero, leche…), que van a suponer la expulsión de cientos millares de labradores y labradoras en toda la UE, con fuerte impacto en la Galicia.
En definitiva, lamentablemente vemos que las instituciones europeas, y también el Ministerio, están una vez más aplicando parches a un modelo agroindustrial de producción de alimentos que la medida que pasa el tiempo va dando más y más problemas: malas condiciones laborales para las personas que producimos alimentos, malas consecuencias para lo medioambiente y una alimentación de una calidad nutricional inferior a la que podemos, y debemos, suministrar a la ciudadanía.
Los alimentos no son un producto de mercado a intentar producir la bajo coste para ampliarle márgenes de beneficio, tampoco una moneda de cambio de la UE que que negociar acuerdos internacionales, la alimentación es un derecho fundamental de la ciudadanía, relacionada directamente que salud de la población, cas nuestras vidas.
Sin embargo tanto el Gobierno del Estado como Unión Europea tratan de obviar esta realidad, e insisten en seguir por un camino que no solo tiene consecuencias negativas para las personas productoras y para la alimentación en su conjunto, sino que es una posición que empeora los defectos y dependencias de la propia estructura comunitaria en su conjunto, al debilitar sus capacidades en una cuestión tan estratégica como es el acceso a los alimentos.
En el caso de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se modifican los Reglamentos que tienen que ver con la PAC, su exposición de motivos manifiesto: “En general, el nuevo enfoque funciona correctamente, no obstante, tras el primer año de aplicación del plan estratégico de la PAC, quedó patente que se precisan ajustes (…)”. Pues no, el enfoque no funciona, ni va a funcionar. El que se precisa ve mucho más allá de ajustes, la Política Agraria Común y las medidas para su desarrollo en los estados miembro debe ser replanteada para orientarse a beneficiar a la población y naturaleza a través del modelo agroecolóxico, procurando alcanzar la soberanía alimentaria para el territorio comunitario.
