- Considera inaceptable e incoherente que Medio Rural levante lo veto de acceso a ayudas públicas a las industrias sancionadas por incumplimientos graves de la Ley de Cadena
Santiago, 21 de abril de 2023.- Uniones Agrarias condena a marcha atrás de la Xunta de Galicia en el que a la defensa del sector productor contra los abusos de las industrias se refiere. La organización agroganadera considera intolerable el cambio publicado hoy mismo en el Diario Oficial de Galicia por la Consellería de Medio Rural que, contrariamente a lo que había anunciado hace solo tres meses, finalmente no vetará el acceso de las industrias sancionadas por incumplimientos graves de la Ley de Cadena a ayudas públicas.
Incumplir la Ley de Cadena Alimentaria seguirá sin tener apenas consecuencias para las industrias. Y es así porque la Xunta de Galicia ven de recuar respecto a una directriz indispensable para el blindaje de los derechos del sector productor.
El 27 de enero se publicaban las bases y la convocatoria para 2023 de las ayudas para inversiones en transformación y comercialización de productos agrarios. Un texto que, tal y como Uniones Agrarias llevaba tiempo demandando, por primera vez recogía lo veto expreso a los solicitantes “que habían sido objeto de sanción firme grave o muy grave en base al previsto en la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en los dos corderos anteriores a la fecha de la solicitud o pago de la ayuda”. Además, establecía el deber de devolver la cuantía percibida en caso de que los beneficiarios fueran objeto de sanción en los cinco años posteriores al pago de la ayuda.
Sin embargo, hoy mismo la Consellería desdice y deja en la estacada a agricultores y ganaderos publicando en el DOG una modificación de ese texto que elimina ese veto por considerarlo “una penalización excesiva carente de la requerida proporcionalidad para la infracción cometida”.
Uniones Agrarias no entiende que Medio Rural opte por mirar cara a otro lado ante los abusos e incumplimientos de las industrias y que no le tiemble el pulso en seguir premiando con dinero público a quién ignora sus deberes y la legalidad vigente. En ese sentido, la organización recuerda que el que se demandaba era a aplicación del mismo criterio que la administración ya emplea en otros casos, por ejemplo excluyendo del acceso a líneas públicas de ayuda a empresas o autónomos que no estén al corriente en los pagos a la Seguridad Social. “Nadie se escandaliza porque esto sea así nen se cuestiona la proporcionalidad de una medida que probablemente tendrá importantes consecuencias para las pequeñas empresas. Sin embargo, la administración cuestiona la proporcionalidad de la misma medida para industrias con ingresos millonarios, mismo cuando estos son obtenidos la cuesta de ignorar la legalidad vigente y los derechos de agricultores y ganaderos”.
Uniones Agrarias destaca que esta marcha atrás pone en riesgo a credibilidad de la AICA gallega. Una herramienta que ya venía teniendo dificultades de funcionamiento por su deficiente dotación y los escasos medios técnicos y humanos y que ahora se ve reducida a un simple adorno.
La organización recuerda que el mantenimiento de este veto, junto al endurecimiento de las sanciones cometidas por las industrias y la publicidad de las mismas, constituye una medida indispensable para garantizar el cumplimiento de la Ley de Cadena. E insta a la administración a actuar con contundencia y a sentar las bases para que incumplir la legislación tenga consecuencias.
