Uniones Agrarias está recibiendo estos días quejas de sus asociados por el funcionamiento del “Registro de explotaciones avícolas de autoconsumo” puesto en marcha por la Consellería de Medio Rural. Y es que los propietarios de aves de corral para autoconsumo que optaron por la opción de comunicación “por correo postal” para las comunicaciones con la administración relativas la este trámite están recibiendo respuestas de la Consellería a través de un buzón digital en lugar de mediante correo común, tal y como habían solicitado. Una situación que se repite en distintas comarcas y que está creando malestar, sobre todo entre las personas mayores que no entienden como después de toda una vida produciendo sus huevos o por los en la casa se encuentran ahora con la obligatoriedad de “legalizar” sus corrales bajo amenazas de multa y por medios electrónicos ajenos a sus posibilidades.
Uniones Agrarias pide a la Consellería de Medio Rural que inste a las oficinas de extensión agraria que no están utilizando el correo postal para las comunicación cuando así les fue solicitado procedan a utilizar este sistema. Algo perfectamente exigible por el usuario, ya que se trata de personas físicas y no jurídicas.
Fontes de varias oficinas de Extensión Agraria que utilizan exclusivamente el sistema digital de comunicación con el solicitante reconocieron que “carecen de infraestructura” para responder vía correo postal, motivo por lo que están enviando las notificaciones digitalmente la aquellas personas que ayudaron a sus vecinos a presentar la solicitud empleando su identidad digital.
Uniones Agrarias reitera su rechazo, tanto al Registro de productores de autoconsumo como a las formas de la Consellería de Medio Rural en el que tiene que ver con su puesta en marcha. Para la organización agroganadera no es de recibo que la administración haya empleado como policías” intermediarios a las tiendas agrarias, a las que ha prohibido vender aves de autoconsumo para el sustento familiar la aquellos particulares que no presenten lo RIEGA en el momento de la compra de las aves. Una exigencia de dudosa legalidad al no tratarse de relaciones comerciales entre empresas y al no responder la ningún procedimiento reglado, ni constar en ninguna orden por escrito salvo comunicación verbales de los inspectores de la Xunta a los propietarios de las tiendas, a los que se ha amenazado con sanciones mínimas de 6000 euros en supuesto cumplimiento de la Ley de Sanidad Animal.
