- José González señaló que es necesario aliviar y facilitar la actividad de nuestro sector primario, sobre todo en momentos coyunturales como el actual
- Destacó “algunos logros muy beneficiosos” conseguidos en la negociación por parte gallega, junto al resto de comunidades de la Cornisa cantábrica, a pesar de que la PAC había sido definida por el propio ministro Planas cómo “mediterránea”
- Hizo especial hincapié en la consecución de una reclamación histórica de Galicia, en relación con el déficit de superficie computable a efectos del cobro de ayudas de la PAC, así como el aumento de las aportaciones asociadas al vacuno de leche
Lugo, 16 de noviembre de 2022.- La Xunta mantiene la exigencia de que se flexibilicen los requisitos para el cobro de las diferentes ayudas directas dentro de la nueva Política Agraria Común, la PAC. Así lo defendió hoy el conselleiro del Medio Rural, José González, durante su intervención en la conferencia “A nueva PAC ya está aquí”, que organiza el Banco Santander y que se celebra en Lugo. El conselleiro señaló que esta demanda de Galicia para que se relajen los requisitos incluidos en la “condicionalidade reforzada” se mantiene mientras perduren las condiciones al alza de precios en las materias primas de alimentación, en el suministro de energía, combustibles, así como la inflación y la crisis económica, entre otros factores.
La condicionalidade significa que las personas beneficiarias de las ayudas de la PAC deben cumplir unas normas y buenas prácticas en materia de clima y medio ambiente, así como de salud pública, fitosanidade y bienestar de los animales. Si no lo hacen, los pagos disminuyen o se suspenden por completo.
El conselleiro del Medio Rural participó en la conferencia “A nueva PAC ya está aquí” que organiza en Lugo el Banco Santander, e hizo una declaraciones (Pincha el enlace )
Para José González, que estuvo acompañado en este acto por el director general de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, se trata de una petición fundamental y entendible “para cualquier Gobierno, sin excepción, también para el Central”. Esto puesto que, añadió el conselleiro, “tenemos que aliviar y facilitar la actividad de nuestro sector primario, sobre todo en momentos coyunturales como el actual”.
Equilibrio y gestión sostenible del territorio
Además, el titular de Medio Rural advirtió que el desarrollo sostenible “es el único a lo que podemos optar”, pero indicó, al tiempo, que “en ningún caso” esta sostenibilidad debe traer consigo exigencias adicionales a la actividad agraria. Abogó, en definitiva, por buscar un equilibrio entre facilitar la actividad y que esta actividad permita una gestión sostenible del territorio.
En este contexto, el conselleiro puso en valor el fomento de prácticas ambientales sostenibles a través de los llamados eco-esquemas de la PAC. Así, trasladó que estas ayudas son una buena línea de acción, siempre y cuando reflejen la realidad de nuestros agricultores y ganaderos, algo que Galicia defendió a lo largo de todo el proceso negociador de la nueva PAC. En este sentido, González valoró como beneficiosos para nuestra comunidad los eco-esquemas relacionados con el uso de pastos, tanto permanentes como temporales.
Por otra parte, el conselleiro destacó “algunos logros muy beneficiosos” conseguidos en la negociación por parte gallega, junto al resto de comunidades de la Cornisa cantábrica (Asturias, Cantabria y País Vasco), a pesar de que la PAC había sido definida por el propio ministro Planas cómo “mediterránea”. Así, hizo especial hincapié, por ejemplo, en la consecución de una reclamación histórica de Galicia, en relación con el déficit de superficie computable a efectos del cobro de ayudas de la PAC.
Ley de recuperación de la tierra
De esta forma, gracias a la presión de la Xunta se permitió por parte del Ministerio de Agricultura un nuevo acceso a la Reserva Nacional de derechos para tratar de corregir este déficit, gracias a las figuras incluidas en la Ley de recuperación de la tierra agraria. Esto, destacó González, implica un incremento de la superficie agraria útil de nuestra comunidad, de forma que todas aquellas hectáreas movilizadas bajo las herramientas de la dicha ley tendrán acceso privilegiado a las ayudas de la PAC. Y añadió que Galicia dejará de tener un diferencial negativo de hasta 30 puntos porcentuales respeto de la media nacional en cuanto a superficie de derechos, lo que supone un 30 % adicional a la superficie que actualmente cobra ayudas de la PAC.
Otro logro importante para Galicia, destacado también por el conselleiro, fue el aumento de las ayudas asociadas al vacuno de leche, que González cifró en unos 11,8 millones de euros anuales de incremento. También se refirió al apoyo prestado por la Xunta al Ministerio para definir la figura del “agricultor activo”, en base a un porcentaje mínimo de ingresos agrarios sobre los totales.
Sin embargo, el titular de Medio Rural insistió en rechazar la inclusión en este concepto de agricultor activo de aquellas personas que perciban menos de un cierto volumen de ayudas directas (fijado en 5.000 euros anuales), con independencia del peso de los ingresos agrarios, puesto que desnaturaliza por completo la propia definición.
Por otra parte, el conselleiro recordó que en esta negociación de la PAC la Xunta defendió, junto a las demás comunidades cantábricas, una reasignación verdadera y efectiva de las ayudas cara las explotaciones agrícolas y ganaderas profesionales y de carácter familiar. Algo que se sigue defendiendo, pero con matices, en la medida en que se demanda una aplicación de los mecanismos de redistribución de fondos a nivel nacional y no dentro de cada región (de las 20 establecidas por el Gobierno central en el Plan Estratégico de la PAC).
Fondos para el desarrollo rural
Por último, en relación con el segundo pilar de la PAC -fondos para el desarrollo rural-, José González explicó que la prioridad gallega fue a aumentar las asignaciones del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader) en por lo menos un 5 % para las comunidades de la Cornisa, pero incidiendo en la necesidad de equilibrar la carga financiera entre la Administración central y las autonomías. En esta línea, calificó como “intolerable” que las comunidades tengan que soportar una carga financiera superior a la propia Administración General del Estado y además rechazó que el diseño de las intervenciones sectoriales sea realizado, la expensas de la realidad y las necesidades específicas de cada comunidad, por parte del Gobierno central.
