- Denuncian a tres directores generales de la Xunta por presunta prevaricación tras la anulación judicial de la autorización de la mina de Muras.
Tres directores generales de la Xunta de Galicia han sido denunciados por presunta prevaricación en relación con las irregularidades detectadas en el proceso de autorización y explotación de la mina San Acisclo, ubicada en el municipio de Muras (Lugo). La Fundación Montescola y el Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL) han presentado la denuncia tras una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anuló la autorización otorgada a la empresa promotora, Materiales Cerámicos Materias Primas, S.L.
La denuncia, presentada en Santiago de Compostela, señala que la Consellería de Economía, Industria e Innovación, responsable del proceso, habría cometido diversas irregularidades a lo largo de la tramitación de la transmisión de concesiones y aprobación del proyecto. La sentencia del TSXG confirmó que las concesiones mineras estaban caducadas y que la Xunta, a pesar de los informes que lo alertaban, no instó su caducidad ni sometió el proyecto a una evaluación ambiental, a pesar de estar en una zona de la Red Natura 2000 y en plena Reserva de la Biosfera.
El fallo judicial subraya que la actuación de la Consellería fue incompatible con las obligaciones legales establecidas en la Constitución Española, vulnerando el mandato de ajustar las actuaciones administrativas a la ley. Este incumplimiento podría derivar en responsabilidades penales, que ahora la Fiscalía deberá investigar.
Margarida Prieto Ledo, coordinadora de la lucha contra el acaparamiento de tierras en el SLG, advirtió sobre la gravedad de los hechos, señalando que estos ponen en riesgo tanto la seguridad de la población de Muras como sus actividades productivas y el medio ambiente. Joám Evans, director de la Fundación Montescola, añadió que los sucesivos directores generales de energía y minas, quienes aprobaron las transmisiones y permitieron el mantenimiento ilegal de los derechos mineros, podrían haber cometido un delito continuado de prevaricación. Por ello, solicitarán a la Fiscalía que investigue no solo a estos altos cargos, sino también a los funcionarios implicados en el proceso.
La sentencia del TSXG representa un golpe para la Xunta, señalando el cúmulo de ilegalidades que favorecieron a la empresa minera, y abre la puerta a una posible responsabilidad penal de los funcionarios y directivos que participaron en el procedimiento.
