- La organización pone su personal a disposición de los afectados por los fuegos
- Insiste en la necesidad de redoblar esfuerzos al otro lado de la extinción para dotar al rural gallego de una gestión territorial idónea, con el foco puesto en la prevención y en la seguridad de las personas que lo habitan
18 de Julio de 2022.- Uniones Agrarias ven de poner la disposición de los afectados por los fuegos de la montaña lucense y ourensana su red de técnicos en las oficinas comarcales de la organización para que puedan trasladar cualquier necesidad relativa a daños en las viviendas, explotaciones, cultivos y base territorial de las explotaciones afectadas por las más de 10.000 hectáreas que, según datos oficiales de la Xunta, llevarían ardidas en los últimos días. La organización recuerda que la media anual de superficie quemada en Galicia en la última década es de 20.000 hectáreas; una cifra que da idea de la gravedad de la situación generada en apenas 4 días en la parte del territorio gallego más afectada por la despoblación y el abandono; y donde las rentas de la gandeiría y la agricultura tienen las medias más bajas de la Comunidad.
Uniones Agrarias destaca el importante trabajo que estos días están realizando todas las personas e institución que trabajan y colaboran en la lucha contra las lapas que están asolando amplísimas zonas del Courel y Valdeorras. La organización agraria reclama de la Xunta de Galicia el inmediato despliegue de todos los medios de prevención y extinción previstos en el PLADIGA en un año especialmente complicado por la sequía y por la onda de calor. Y recuerda que estamos aún en la primera parte de la campaña de fuegos, y que las situaciones de riesgo se extenderán aún hasta mediados del mes de octubre, pues no hay previsiones optimistas sobre la llegada de frentes con lluvias suficientes para aliviar la situación actual.
Uniones Agrarias se hace igualmente eco de las protestas de afiliados de la comarca del Courel, que indican que el fuego que se prendió durante la tronada del pasado jueves 14 no se atajó en tres días; tiempo en el que se disparó la superficie queimada y la peligrosidad de la situación.
Igualmente, la organización agroganadera solicita que se apliquen las excepciones previstas en la Ley de Montes de Galicia respeto a las prohibiciones automáticas de pastoreo en las superficies quemadas; pues siendo fuegos mayoritariamente atribuidos la causas naturales no habría sentido aplicar este doble castigo a los ganaderos, que al otro lado de perder sus pastos supondría impedirles retomar en ellos la actividad hasta diciembre de 2024. Al mismo tiempo, UUAA reclama compensaciones para las pérdidas del Pago Único de la PAC que se puedan dar sobre la superficie quemada.
Uniones Agrarias recuerda que; al otro lado de las condición meteorológicas excepcionales que están viviéndose, con temperaturas muy por arriba de la media habitual y una grave situación de sequía; la virulencia y la peligrosidad de los fuegos que estamos viendo estos días tiene mucho que ver con la acumulación de combustible en el territorio debido al abandono de la actividad agroganadera. En ese sentido, la organización hace un llamamiento a la reflexión e insiste en la necesidad de redoblar esfuerzos al otro lado de la extinción para dotar al rural gallego de una gestión territorial idónea, con el foco puesto en la prevención y en la seguridad de las personas que lo habitan.
UUAA recuerda que el abandono del rural es la mejor receta para el desastre medioambiental, debiendo apostar la sociedad por la actividad agraria y ganadera, que gestiona el territorio limitando la carga de combustible acumulado y rompiendo la continuidad del mismo con prados, pasteros, cultivos y tierras de labor que limitan la expansión del fuego y protegen las masas forestales.
Uniones Agrarias destaca que la protección de nuestro medio natural en el inmediato futuro no va pivotar tanto en medios de extinción ni en trabajos de prevención como en el acierto que se tenga a la hora de apoyar la agricultura y la gandeiría. En ese sentido, incide en la necesidad de garantizar rentas dignas para agricultores y ganaderos, así como una valoración social a la altura de la importancia del cuidado medioambiental que su trabajo supone para el conjunto de la sociedad.