- Un terremoto legal sacude la industria láctea española mientras miles de ganaderos buscan justicia y compensación por prácticas anticompetitivas confirmadas por la Audiencia Nacional.
La industria láctea española se encuentra en medio de un terremoto legal luego de que la Audiencia Nacional emitiera nueve sentencias confirmando la existencia de un cartel entre las principales empresas del sector. Este acuerdo de fijación de precios, que se extendió desde el año 2000 hasta el 2013, ha dejado un rastro de devastación económica para miles de ganaderos en toda España, quienes ahora buscan obtener justicia y compensación por los perjuicios sufridos.
El fallo judicial ha sido un golpe contundente para las empresas lácteas, que han sido acusadas de coordinar sus acciones para mantener artificialmente bajos los precios pagados a los ganaderos por la leche cruda. La confirmación de este comportamiento anticompetitivo no solo ha generado indignación en el sector agrario, sino que también ha abierto la puerta para que los afectados busquen reparación a través de demandas por indemnización.
Organizaciones como Unións Agrarias y la firma legal Eskariam se han convertido en piezas clave en este proceso, liderando la tramitación de reclamaciones en nombre de más de 13.000 ganaderos afectados en toda España. Estas organizaciones han instado a los productores lácteos a unirse a esta causa y reclamar las compensaciones que les corresponden por los daños sufridos debido a las prácticas empresariales ilícitas.
Roberto García, secretario general de Unións Agrarias, ha destacado que las sentencias judiciales son un claro indicio de que durante más de una década, las empresas lácteas operaron como un cártel, pactando precios y actuando en detrimento de los intereses de los ganaderos. Este comportamiento coordinado, según García, tuvo un impacto devastador en la rentabilidad de las explotaciones ganaderas, especialmente en Galicia, donde se registró una disminución drástica en el número de granjas operativas.
Según datos proporcionados por Unións Agrarias, en el año 2000 había alrededor de 33.000 explotaciones ganaderas en Galicia, cifra que se redujo a solo 10.600 para el año 2013. Esta disminución significativa se atribuye en gran medida a las prácticas anticompetitivas de las empresas lácteas, que obligaron a muchos ganaderos a abandonar la actividad debido a la falta de rentabilidad.
El cierre masivo de explotaciones ganaderas no solo ha tenido un impacto económico, sino también social y ambiental. La desaparición de miles de granjas ha provocado la pérdida de empleos en las zonas rurales, el abandono de tierras agrícolas y un deterioro en el tejido social de las comunidades afectadas. Además, la concentración de la producción lechera en un menor número de explotaciones ha generado preocupaciones sobre la sostenibilidad ambiental de esta actividad.
Félix Porto, responsable de los servicios jurídicos de Unións Agrarias, ha enfatizado la importancia de este proceso legal como una oportunidad para que los ganaderos afectados obtengan reparación por los daños sufridos. Porto ha instado a los productores lácteos a participar en este proceso y presentar las pruebas necesarias para respaldar sus reclamaciones de indemnización.
Los ganaderos que deseen reclamar indemnizaciones deberán demostrar la cantidad de leche que vendieron durante el período afectado y el daño económico que sufrieron como resultado de las prácticas anticompetitivas de las empresas lácteas. Este proceso puede resultar complejo y requiere la asistencia de expertos legales y contables para recopilar la documentación necesaria y calcular el monto de la compensación solicitada.
Además de las indemnizaciones individuales, Unións Agrarias ha planteado la posibilidad de entablar negociaciones con las empresas lácteas para llegar a un acuerdo global que incluya compensaciones para todos los ganaderos afectados. Esta mesa de negociación podría ayudar a agilizar el proceso y evitar costosos litigios judiciales, beneficiando a ambas partes involucradas.
El plazo para presentar reclamaciones de indemnización está abierto hasta el próximo 30 de junio, por lo que se espera que en los próximos meses aumente el número de ganaderos que se sumen a esta causa. La lucha por la justicia y la reparación en el sector lácteo español está lejos de terminar, pero cada paso dado en este proceso legal es un paso hacia adelante en la búsqueda de un sistema más justo y equitativo para los productores agrarios.
En resumen, las sentencias de la Audiencia Nacional han puesto de manifiesto la existencia de prácticas anticompetitivas en la industria láctea española y han abierto la puerta para que miles de ganaderos reclamen indemnizaciones por los perjuicios sufridos. Este proceso legal representa una oportunidad para obtener justicia y reparación para los afectados, así como para promover cambios significativos en el funcionamiento del sector lácteo en España.
