- El Sindicato Labrego Galego reclama desarrollar la normativa vigente para el uso de drones en tratamientos fitosanitarios, evitando una desregulación que aumente los riesgos para la salud y el medio ambiente.
- El SLG solicita al Ministerio de Agricultura una comisión específica para desarrollar la normativa sobre drones fitosanitarios, apostando por un uso seguro, controlado y basado en criterios científicos.
La incorporación de drones al sector agrario abre nuevas posibilidades para mejorar la eficiencia de los tratamientos fitosanitarios, reducir riesgos laborales y optimizar el uso de productos. Sin embargo, para el Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL), este avance tecnológico no debe convertirse en la puerta de entrada a una liberalización del empleo de fitosanitarios.
La organización agraria considera que el marco legal actual ya ofrece herramientas suficientes para autorizar el uso excepcional de drones, pero reclama un desarrollo más profundo de la normativa, basado en criterios científicos, estudios técnicos y una evaluación rigurosa de cada caso.
El SLG reclama una comisión específica al Ministerio
El Sindicato Labrego Galego ha solicitado al Ministerio de Agricultura la creación de una comisión de trabajo específica para analizar qué productos fitosanitarios pueden ser autorizados para su aplicación mediante drones y en qué situaciones concretas debería permitirse su utilización.
La organización recuerda que la Directiva Europea 2009/128/CE, junto con el Real Decreto 1311/2012, ya contemplan la posibilidad de realizar tratamientos aéreos de forma excepcional, siempre bajo estrictas condiciones.
Actualmente, la Consellería do Medio Rural es la administración competente para evaluar y autorizar estas solicitudes extraordinarias en Galicia, aunque la homologación de los productos corresponde al Ministerio de Agricultura.
Según explica Brais Álvarez, apicultor y secretario de Acción Sindical del SLG, esta situación provoca que, aunque exista una necesidad técnica demostrada sobre el terreno, la autorización dependa de que el Ministerio haya aprobado previamente productos específicos para este tipo de aplicaciones.
Para el sindicato, la solución pasa por desarrollar la normativa existente y no por flexibilizarla.
Tecnología sí, pero al servicio de la agricultura
El SLG insiste en que la innovación tecnológica debe convertirse en una herramienta para facilitar el trabajo de agricultores y ganaderos, nunca en un argumento para rebajar los controles sobre el uso de productos fitosanitarios.
La organización defiende que el empleo de drones puede aportar ventajas importantes:
- Mayor precisión en la aplicación.
- Reducción de la deriva del producto.
- Menor exposición de los trabajadores.
- Disminución del consumo de fitosanitarios.
- Mejora de la seguridad laboral en terrenos complejos.
No obstante, advierte de que estos beneficios solo se alcanzarán si la utilización de esta tecnología permanece sometida a un estricto control administrativo.
Evitar una desregulación con riesgos para la salud
Uno de los principales mensajes del Sindicato Labrego Galego es que el debate no debe centrarse en facilitar el uso de fitosanitarios, sino en utilizarlos cada vez menos y de forma más eficiente.
La legislación actual obliga a que quienes realicen estas aplicaciones dispongan de la formación correspondiente como pilotos aplicadores, además de mantener un exhaustivo registro de las operaciones tanto en el Registro Oficial de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitaria (ROPO) como en el Registro de Aeronaves e Instalaciones Permanentes (REGANIP).
Para el SLG, estas garantías son fundamentales para proteger tanto la salud pública como el medio ambiente.
La organización recuerda además que la estrategia europea “De la Granja a la Mesa” planteaba reducir un 50 % el uso y el riesgo de los pesticidas antes de 2030, un objetivo que considera plenamente vigente como referencia para avanzar hacia una agricultura más sostenible.
Galicia, laboratorio para una aplicación responsable
El debate sobre los drones ha cobrado especial protagonismo en Galicia durante los últimos meses debido a dos situaciones muy concretas.
Por una parte, la aparición de nuevas plagas, como el denominado verme soldado, ha incrementado la necesidad de actuar con rapidez en determinadas explotaciones.
Por otra, la viticultura en zonas de fuerte pendiente, especialmente en la Ribeira Sacra, plantea importantes dificultades para realizar tratamientos convencionales de forma segura.
En este contexto, el SLG considera que la Ribeira Sacra podría convertirse en una experiencia piloto para evaluar científicamente las ventajas reales de esta tecnología.
Los viticultores de esta comarca destacan que el empleo de drones podría reducir la deriva del producto, minimizar la escorrentía, mejorar la seguridad de los trabajadores y disminuir la cantidad de fitosanitarios utilizada.
Sin embargo, el sindicato insiste en que cualquier autorización debe apoyarse en estudios técnicos rigurosos y en una evaluación individualizada.
Un enfoque social y científico para la legislación
Más allá del debate tecnológico, el Sindicato Labrego Galego defiende que la futura evolución de la normativa debe incorporar una visión mucho más amplia.
La organización propone la creación de comisiones permanentes de seguimiento en las que participen administraciones públicas, universidades, centros de investigación, organizaciones agrarias, especialistas en salud ambiental y representantes del sector productor.
El objetivo sería analizar cada situación concreta, actualizar periódicamente los productos autorizados y favorecer alternativas menos contaminantes que permitan reducir progresivamente la dependencia de los fitosanitarios.
Para el SLG, la tecnología debe contribuir a producir mejor, no necesariamente a aplicar más productos.
El reto: innovación con responsabilidad
El debate sobre los drones agrícolas refleja uno de los grandes desafíos que afronta actualmente el sector agrario europeo: incorporar nuevas herramientas tecnológicas sin renunciar a las garantías ambientales y sanitarias.
El Sindicato Labrego Galego considera que el marco legal vigente ya permite avanzar en esta dirección, siempre que se complete su desarrollo mediante criterios científicos, autorización caso por caso y una mayor coordinación entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas.
La organización concluye que Galicia dispone de escenarios idóneos para evaluar el potencial de esta tecnología, pero insiste en que cualquier paso debe orientarse hacia una agricultura más eficiente, más segura y con una menor dependencia de los productos fitosanitarios.