- El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado parcialmente el decreto de la Xunta que permitía la privatización de las evaluaciones ambientales, afectando a proyectos eólicos, mineros y a la planta de celulosa de Altri.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha emitido una sentencia que anula parcialmente el decreto 102/2023 de la Xunta, el cual permitía la privatización de los procedimientos de evaluación ambiental a través de las denominadas Entidades de Colaboración Ambiental. Esta decisión judicial representa un golpe significativo a la política ambiental del gobierno gallego y podría tener repercusiones en numerosos proyectos industriales en la región.
La Confederación Intersindical Galega (CIG), sindicato que presentó el recurso contra el decreto, ha calificado la sentencia como una “enmienda a la totalidad” de las políticas ambientales de la Xunta. Paulo Carril, secretario general de la CIG, afirmó que la norma anulada favorecía intereses empresariales en detrimento del medio ambiente y de los procedimientos democráticos. Según Carril, esta política permitía “comprar informes ambientales” y anulaba el trabajo de los funcionarios públicos.
El TSXG argumenta en su fallo que la delegación de funciones de control ambiental a entidades privadas carecía de mecanismos adecuados de supervisión por parte de funcionarios públicos. Además, señala que la externalización de la tramitación de evaluaciones ambientales otorgaba a las empresas privadas un papel estructural en lugar de coyuntural, lo que contraviene el Estatuto Básico del Empleado Público y el Régimen Jurídico del Sector Público.
La sentencia podría afectar a diversos proyectos en Galicia, especialmente en los sectores eólico y minero, así como al proyecto de planta de celulosa de la empresa portuguesa Altri en Palas de Rei (Lugo). La CIG ha instado a entidades ambientalistas, asociaciones vecinales y comunidades locales a solicitar la suspensión y revisión de proyectos aprobados desde julio de 2023 que puedan ser “extremadamente agresivos” con el medio ambiente. El sindicato también ha solicitado a la Administración una revisión exhaustiva de los procedimientos en marcha y no descarta acudir nuevamente a la Justicia si no obtiene respuesta en un plazo de tres meses.
La Xunta niega haber recurrido a empresas privadas para realizar evaluaciones ambientales
La Consellería de Medio Ambiente, liderada por Ángeles Vázquez, ha anunciado que recurrirá la sentencia del TSXG. La Xunta sostiene que, desde la aprobación del decreto en julio de 2023, no ha recurrido a entidades de colaboración ambiental para la tramitación de evaluaciones ambientales y que ninguna de las cinco empresas inscritas en el registro correspondiente ha participado en estos procedimientos. Además, la Xunta defiende que el decreto buscaba “simplificar” los procedimientos mediante la colaboración público-privada y que modelos similares existen en otras comunidades autónomas, como el País Vasco.
La conselleira Ángeles Vázquez ha restado importancia a la sentencia, afirmando que “ahora mismo aún no supone nada” porque el Gobierno gallego “no había empezado a desarrollarlo”. Vázquez también ha señalado que la colaboración con entidades privadas certificadas es una práctica común en otros ámbitos y comunidades, y que la intención de la Xunta es ser más ágil en la tramitación de evaluaciones ambientales.
Esta sentencia se enmarca en un contexto de creciente tensión en Galicia respecto a la implantación de proyectos eólicos y otros desarrollos industriales. El TSXG ha suspendido cautelarmente más de 60 parques eólicos en la comunidad debido a cuestiones ambientales y procedimientos judiciales en curso. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha decidido priorizar la resolución de una cuestión prejudicial relacionada con estos proyectos, lo que podría agilizar los plazos y aportar claridad sobre el futuro del sector eólico en Galicia.
La anulación parcial del decreto 102/2023 por parte del TSXG pone de manifiesto la necesidad de equilibrar el desarrollo industrial y la protección ambiental en Galicia. Mientras la Xunta defiende la colaboración público-privada como medio para agilizar procedimientos, sindicatos y colectivos ecologistas alertan sobre los riesgos de privatizar controles esenciales para la preservación del entorno. El desenlace de este conflicto legal y administrativo será determinante para el futuro de numerosos proyectos y para la política ambiental de la comunidad.
