- El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur al pedir un dictamen al TJUE, una decisión que alivia al campo gallego en plena ola de protestas.
- El Parlamento Europeo congela el acuerdo con Mercosur al remitirlo al TJUE. Agricultores y ganaderos gallegos valoran la decisión mientras continúan las protestas.
El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur vuelve a quedar en el aire. El Parlamento Europeo ha decidido remitir el texto al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que evalúe su compatibilidad con los tratados comunitarios, un movimiento que en la práctica congela la tramitación del pacto durante al menos 18 a 24 meses. La noticia llega en un momento especialmente sensible: mientras agricultores y ganaderos llevan días movilizándose en Galicia contra el tratado y otras políticas que consideran lesivas para el sector, la Eurocámara opta por ganar tiempo y poner el acuerdo bajo lupa jurídica.
El Parlamento Europeo activa el freno jurídico
Con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, el Parlamento Europeo aprobó una resolución solicitando formalmente un dictamen al TJUE sobre el acuerdo UE-Mercosur. La decisión implica que tanto la ratificación por los Estados miembros como la aplicación provisional del pacto quedan, de facto, en suspenso hasta que la corte comunitaria se pronuncie.
Desde Bruselas se reconoce que el proceso será largo. Los dictámenes de este tipo suelen tardar entre 18 y 24 meses, lo que desplaza cualquier avance real del acuerdo, como mínimo, hasta bien entrada la próxima legislatura europea.
En paralelo, una segunda resolución que también pedía una evaluación jurídica fue rechazada por amplia mayoría (225 votos a favor, 402 en contra y 13 abstenciones), lo que evidencia la profunda división política que sigue generando Mercosur dentro de la Eurocámara.
¿Qué pasa ahora con la aplicación provisional?
Aunque la remisión al TJUE congela la tramitación formal, la Comisión Europea no descarta del todo una aplicación provisional del acuerdo. El portavoz comunitario, Olof Gill, explicó que esta posibilidad será debatida por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE durante una cumbre extraordinaria prevista para esta semana, convocada inicialmente para abordar las relaciones con Estados Unidos.
“Veremos cómo van esas discusiones”, señaló Gill, dejando claro que Bruselas quiere esperar al resultado de ese encuentro antes de decidir si activa o no el acuerdo de forma provisional mientras el tribunal estudia su legalidad.
Este matiz mantiene en vilo al sector agrario, que teme que, pese al freno jurídico, parte del pacto pueda empezar a aplicarse por la vía de los hechos consumados.
Unións Agrarias: “A seguridade xurídica é unha garantía”
En Galicia, la reacción más clara ha llegado desde Unións Agrarias, la principal organización agraria de la comunidad, que ha aplaudido la decisión del Parlamento Europeo.
“La decisión de solicitar un ditame ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea é algo que tamén levabamos tempo reclamando”, señalan desde la organización. Para ellos, someter un acuerdo de esta magnitud a control jurídico “non é poñer paus nas rodas, senón actuar con responsabilidade”.
Unións Agrarias insiste en que aclarar las dudas legales antes de seguir adelante es clave para todo el sector:
“A seguridade xurídica é unha garantía para todos, non un obstáculo”.
Además, recuerdan que el dictamen del TJUE marcará el rumbo definitivo del acuerdo y puede condicionar su viabilidad futura.
Protestas en Galicia: alivio, pero sin bajar la guardia
La noticia ha tenido un efecto desigual entre los agricultores y ganaderos que llevan días movilizándose en Galicia, especialmente en Lugo y Ourense, donde las protestas no solo giran en torno a Mercosur, sino también a otros problemas estructurales del sector.
Santiago Rego, presidente de la Asociación de Gandeiros Galegos de Suprema, reconoce cierto alivio:
“Estou feliz, pero vamos a continuar as protestas, aínda que non de forma continuada”.
Desde Agromuralla, su responsable Noelia Rodríguez prefiere ser prudente y esperar a la asamblea convocada ante la delegación de la Xunta en Lugo para decidir los próximos pasos:
“A menos que pase algo máis ao longo da tarde”.
Ourense no se mueve: Mercosur no es el único problema
Más contundente es la postura de los ganaderos ourensanos, que advierten de que Mercosur es solo una parte del conflicto.
Miguel Gómez, ganadero de Maceda y portavoz de los productores de Ourense, lo deja claro:
“O noso problema non é só Mercosur, é a enfermidade da dermatose nodular contaxiosa, o incumprimento da Lei da Cadea… Non imos ser os primeiros en retirarnos. Aínda queda moito de Dios polo que loitar”.
En Ourense pesan especialmente:
• La expansión de la dermatosis nodular contagiosa
• Las quejas por el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria
• El aumento de costes de producción
• La presión de los precios a la baja en origen
Todo ello alimenta un clima de malestar que va más allá del acuerdo con Mercosur.

Un Parlamento dividido por bloques políticos
La votación en la Eurocámara también refleja la fractura política en torno al tratado. Entre los eurodiputados que votaron en contra de pedir el dictamen jurídico figuran representantes del PP, PSOE y PNV, además de dos parlamentarios del grupo conservador ECR que concurrieron en la lista de Se acabó la fiesta.
Por el contrario, se posicionaron a favor ERC, BNG, Compromís, Podemos y Vox, una alianza heterogénea que evidencia cómo Mercosur rompe los esquemas clásicos de izquierdas y derechas cuando entra en juego el futuro del campo europeo.
¿Qué evaluará ahora el Tribunal de Justicia?
Según explicó el propio Parlamento Europeo en un comunicado, el TJUE analizará:
• La base jurídica del acuerdo de asociación UE-Mercosur (EMPA)
• La base legal del acuerdo comercial provisional (iTA)
• Su compatibilidad con los tratados de la UE
Mientras tanto, la Eurocámara continuará examinando los textos a la espera del dictamen. Una vez llegue la opinión del tribunal, el Parlamento deberá decidir si da su aprobación definitiva o no al acuerdo.
La remisión del acuerdo UE-Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE supone una victoria táctica para el campo gallego y europeo, que logra frenar un tratado considerado perjudicial para la ganadería y la agricultura familiar. Sin embargo, el pulso está lejos de terminar.
Con la posibilidad de una aplicación provisional aún sobre la mesa y un dictamen que puede tardar hasta dos años, el sector se mueve entre el alivio y la desconfianza. En Galicia, las protestas continúan porque, como repiten los ganaderos, Mercosur no es el único frente abierto. El mensaje es claro: el campo gana tiempo, pero no baja la guardia.


