- La falta de regulación sobre el uso del sistema “prato invertido” para aplicar purines en Galicia deja a miles de granjas en riesgo de sanciones y en incertidumbre legal.
La gestión de purines en Galicia ha entrado en un terreno incierto debido a la falta de avances en la autorización del sistema “prato invertido” para su aplicación. A pesar de las modificaciones introducidas en el Real Decreto de Nutrición Sostenible de Suelos Agrarios, la Consellería de Medio Rural de Galicia aún no ha implementado la normativa necesaria para regular el uso de este método, lo que está generando una creciente preocupación entre los agricultores y ganaderos de la región.
Normativa estatal y falta de aplicación en Galicia
La normativa vigente establece la obligatoriedad de utilizar sistemas modernos como los tubos colgantes o inyectores para aplicar purines en fincas de menos de 2 hectáreas con una pendiente inferior al 10%. Sin embargo, el uso del “prato invertido”, una técnica que reduce las emisiones de amoníaco, todavía no ha sido regulado oficialmente en Galicia. Aunque el Ministerio de Agricultura ha dejado abierta la posibilidad de que las comunidades autónomas adopten excepciones, la Xunta de Galicia no ha dado pasos concretos para implementar esta alternativa.
Ganaderos gallegos al borde de la ilegalidad
El retraso en la autorización del “prato invertido” ha dejado a muchas explotaciones ganaderas en una situación comprometida. A pesar del incremento en la adquisición de maquinaria adecuada, como cisternas con tubos colgantes, la mayoría de las granjas continúan utilizando sistemas tradicionales prohibidos desde el pasado 1 de enero para ciertos tipos de parcelas. Esta realidad coloca a los agricultores en una situación de vulnerabilidad ante posibles sanciones, que pueden alcanzar hasta 1.000 euros por el uso de métodos no permitidos.
Según datos recientes, unas 5.500 granjas de leche y alrededor de 20.000 de carne en Galicia se enfrentan a sanciones potenciales debido a la inacción de la Consellería del Medio Rural. El Sindicato Labrego Galego (SLG) ha denunciado que esta falta de regulación compromete la viabilidad económica de un sector que ya se encuentra bajo presión debido a la volatilidad de los precios y las restricciones ambientales.
Desacuerdo y crítica al gobierno regional
El SLG ha sido particularmente crítico con la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, por no asumir la responsabilidad de regular el uso del “prato invertido”. Aunque el anterior conselleiro, José González, había anunciado que se basaría en los estudios del Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) para validar esta técnica como una medida efectiva para reducir las emisiones de amoníaco, la actual conselleira ha señalado que el asunto depende del Ministerio, evitando así tomar medidas directas.
Este cambio de postura ha generado un clima de incertidumbre y descontento en el sector agrario. “Fai meses a Consellaría saíu anunciando que dispoñía de estudos que demostrarían a eficiencia do prato invertido para reducir as emisións de carbono. Dende o SLG esiximos que faga os informes pertinentes e que lexisle de xeito inmediato para autorizar ás granxas o uso do prato invertido”, ha declarado Brais Álvarez, coordinador del sector de carne del SLG, subrayando que la falta de acción representa una “absoluta irresponsabilidad” por parte de las autoridades.
Flexibilización del Real Decreto y su impacto en Galicia
Ante la presión de las protestas agrarias, el Ministerio de Agricultura flexibilizó ciertos aspectos del Real Decreto, extendiendo el plazo para el enterrado del purín de 12 a 24 horas y retrasando la implementación de otras normativas relacionadas hasta 2026. Sin embargo, no se ha producido ningún cambio respecto a los métodos de aplicación permitidos, ni se ha avanzado en la autorización del “prato invertido”, a pesar de las evidencias presentadas sobre su eficiencia.
El retraso en la aprobación de esta técnica pone en riesgo no solo la sostenibilidad ambiental sino también la competitividad económica de las granjas gallegas. La inversión en equipos nuevos y sofisticados como cisternas con inyectores puede alcanzar hasta los 230.000 euros, una cifra que muchas pequeñas y medianas explotaciones no pueden afrontar sin el apoyo gubernamental.
Proyectos de biogás: otra promesa incumplida
Además de la falta de avances en la regulación del “prato invertido”, el proyecto de creación de plantas de biogás para el tratamiento de purines ha quedado en el aire. Inicialmente, la Xunta había anunciado una red de plantas en comarcas estratégicas de Galicia para procesar los excedentes de purines y producir biometano, en colaboración con empresas como Reganosa, Naturgy y Repsol. Sin embargo, la actual conselleira ha señalado que estos proyectos son de carácter privado y que la Consellería no tiene un papel activo en su desarrollo, lo cual contradice los anuncios realizados por el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
Este repliegue de apoyo al proyecto de biogás representa un nuevo obstáculo para una solución sostenible a la gestión de purines en Galicia, un problema que afecta tanto al medio ambiente como a la economía local. Mientras tanto, los ganaderos ven cómo se diluyen las promesas de una gestión más eficiente y sostenible de sus recursos.
El futuro de la gestión de purines en Galicia
La situación actual refleja una falta de liderazgo y una desconexión entre las promesas políticas y la implementación práctica de soluciones para el sector agrario gallego. La ausencia de una regulación clara para el uso del “prato invertido” y la falta de apoyo a proyectos de tratamiento de purines dejan a miles de agricultores en una situación precaria y expuestos a sanciones que amenazan su estabilidad económica.
La demanda de una respuesta inmediata y concreta por parte de la Consellería de Medio Rural es clara. Sin un marco regulatorio efectivo que autorice y apoye el uso de tecnologías sostenibles como el “prato invertido”, Galicia corre el riesgo de perder competitividad en su sector agrario y de agravar los problemas medioambientales asociados a la gestión de purines.