- La Fiscalía acusa a los propietarios de la mina de Touro-O Pino de delitos ambientales y solicita dos años de prisión, multas y la inhabilitación para actividades mineras.
La Fiscalía ha solicitado penas de dos años de prisión y la inhabilitación especial para el ejercicio de actividades mineras y extractivas para los propietarios y administradores de la mina de Touro-O Pino. La acusación se basa en presuntos delitos contra el medio ambiente por vertidos con altas concentraciones de metales pesados, que han contaminado el río Barral, afluente del Ulla.
El Ministerio Público también exige una multa de 47.000 euros, argumentando que la póliza de seguros de la empresa solo cubre responsabilidad civil por contaminación súbita y accidental, pero no por vertidos ilegales. Esta petición llega tras seis años de instrucción en el Juzgado de Arzúa, tras una denuncia de Ecoloxistas en Acción.
Según la investigación, la empresa no tomó ninguna medida correctora para evitar lixiviados con extrema acidez y altas concentraciones de metales pesados. La contaminación se ha mantenido en el tiempo a pesar de las sanciones impuestas por Augas de Galicia, que han resultado insuficientes para frenar el problema.
Un proyecto bajo presión
Paralelamente, la Plataforma Veciñal Mina Touro-O Pino Non ha solicitado a la Xunta de Galicia que retire la condición de “proyecto industrial estratégico” a la mina. Esta distinción, otorgada a principios de 2023, permite una tramitación acelerada, lo que podría facilitar su reapertura.
Tanto la plataforma vecinal como Ecoloxistas en Acción advierten que la empresa promotora, Cobre San Rafael, ha demostrado una incapacidad técnica y una gestión negligente del impacto ambiental. Consideran que la reapertura de la mina supondría un grave riesgo para el sistema fluvial del Ulla, la ría de Arousa y el entorno del Camino de Santiago.
Además, estudios independientes han alertado de los peligros ambientales del proyecto. Un informe del hidrólogo Steven Emerman, encargado por Ecologistas en Acción, señala deficiencias en la gestión de residuos mineros y en la construcción de la presa que los contendría.
El mayor foco de contaminación por partículas PM10 en Galicia
El proyecto de reapertura de la mina de Touro no solo enfrenta problemas legales, sino que también ha sido señalado como una amenaza ambiental por sus emisiones de partículas contaminantes. Según un análisis del biólogo Ramón Varela, las emisiones de PM10 de la mina superarían las de cualquier otra industria en Galicia registrada en el Ministerio para la Transición Ecológica.
El estudio presentado por Cobre San Rafael ante la Xunta indica que la mina podría emitir hasta 165 toneladas anuales de partículas PM10 solo en la fase de construcción, un 58% más que el proyecto rechazado en 2017. En su fase de explotación, podría llegar a 250 toneladas anuales, superando las emisiones previstas para la celulosa de Altri en Palas de Rei.
Las partículas PM10 y PM2,5 son altamente peligrosas para la salud, ya que pueden penetrar en el sistema respiratorio y causar enfermedades cardiovasculares, asma o incluso aumentar el riesgo de ictus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado sobre la necesidad de reducir estos contaminantes, calificándolos como “la mayor amenaza ambiental para la salud humana”, con un impacto comparable al del tabaquismo.
Además, el proyecto de la mina ha sido criticado por su falta de transparencia en la evaluación de emisiones. Según Varela, el estudio ambiental presentado por Cobre San Rafael omite contaminantes clave como metano, mercurio y compuestos orgánicos volátiles, incumpliendo las directrices del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Un conflicto en escalada
El rechazo al proyecto minero ha movilizado a miles de personas en Galicia. Recientemente, una protesta en A Pobra do Caramiñal reunió a mariscadores, ganaderos y vecinos en contra de la mina de Touro y la factoría de Altri, alertando de su impacto en la ría de Arousa y el sector agroganadero.
Con un proceso judicial en marcha, un proyecto ambientalmente cuestionado y una creciente oposición social, la reapertura de la mina de Touro se enfrenta a un futuro incierto. La Xunta deberá decidir si sigue respaldando un proyecto marcado por la controversia o si atiende las demandas de los colectivos ecologistas y vecinales.
