- En la reunión se acordó crear un grupo de trabajo para avanzar en la implementación de este acuerdo, debatiendo las mejoras necesarias compiladas por la Fegamp en un documento técnico elaborado con los ayuntamientos adheridos al convenio
- Cuanto al balance, se valoró que en el marco de este convenio con la empresa pública Seaga a porcentaje de superficie gestionada en las fajas secundarias pasara de rondar la mitad en 2019 a situarse en el 66% en la actualidad
- También que se incrementaran en un 400% las parcelas contratadas al amparo del Sistema público de gestión de la biomasa o que el Gobierno gallego elaborara ya un total de 259 planes municipales antiincendios de los cuales 186 ya están aprobados
Santiago de Compostela, 8 de julio de 2022.- La Xunta y la Federación gallega de municipios y provincias (Fegamp) comparten la necesidad de prorrogar el convenio de protección de las aldeas firmado en 2018 con la empresa pública Seaga, al constatar su buen funcionamiento. Así, en la reunión que mantuvieron el conselleiro del Medio Rural, José González, y el director general de Defensa del Monte, Manuel Rodríguez, con el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, con el vicepresidente, Alfonso Villares, y con la técnica Lucía González, acordaron crear un grupo de trabajo para seguir avanzando en la implementación de este acuerdo, al tiempo que celebraron que el porcentaje de superficie gestionada en las fajas secundarias -las más próximas a las viviendas- pasara de rondar la mitad en 2019 a situarse en el 66% en la actualidad, es decir, se incrementó en 16 puntos porcentuales.
De este modo, queda patente a buena evolución de este convenio a tres partes que inicialmente contemplaba trabajos de revisión de parcelas en 157 parroquias (priorizadas) de 81 ayuntamientos, lo que suponía un total de 10.147,31 hectáreas en 181.392 parcelas. Sin embargo, en el pasado 2021 se reforzó notablemente esta labor hasta llegar a la revisión completa de las fajas secundarias de 116 ayuntamientos, alcanzándose así información concreta del estado de gestión de 866.114 parcelas, que comprenden 59.158,80 ha. Del resultado de estas inspecciones, se concluyó que algo más del 64% de las parcelas están gestionadas, lo que representa más de un 66% de la superficie.
Para fomentar precisamente esa adecuada gestión de la biomasa, representantes de la Xunta y de la Fegamp destacaron la colaboración con los ayuntamientos en la ejecución de los trabajos preparatorios para la notificación y publicación relativa al deber de la limpieza de las franjas secundarias. En este sentido, tras los controles realizados en el año 2021 se enviaron a los consistorios un total de 180.483 notificaciones y se hicieron 171.508 publicaciones. Cabe recordar que desde lo 1 de junio de este año ya comenzaron los nuevos controles por el territorio gallego, arrancando en las parroquias priorizadas.
Fruto de la cada vez mayor concienciación de la sociedad, en el encuentro también se evaluó de manera muy positiva el aumento de las parcelas particulares contratadas al amparo del Sistema de gestión de la biomasa en las franjas secundarias para la protección de las aldeas, donde se pasó de 5.012 predios contratados en 2019 a 25.651 parcelas en 2022. Esto supone un aumento de más del 400%.
Cabe recordar que a día de hoy son 273 los ayuntamientos adheridos al convenio de protección de las aldeas -casi el 88% de los existentes- para garantizar la gestión de la biomasa en las parcelas ubicadas dentro de la red de fajas secundarias que establece la Ley de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, que son las que bordean los núcleos de población. En el marco de estos consistorios, 259 ya tienen planes municipales antiincendios elaborados por la Xunta, de los cuales 186 ya están aprobados, otro dato destacado en la reunión de hoy.
El nuevo grupo de trabajo tratará de dar respuesta a las necesidades de mejora recogidas en el documento técnico elaborado con los ayuntamientos adheridos. Entre las mejoras precisas trasladadas por las entidades locales está la necesidad de más recursos para llevar a cabo esta competencia, requerimientos de cambios en la operativa para un funcionamiento más ágil -especialmente en el relacionado con los canales de comunicación-, las bases de datos catastrales y mayor coordinación interdepartamental, y la necesidad de que la nueva Ley de lucha integral contra los incendios contemple un mayor apoyo a los ayuntamientos en las tareas de prevención.