- Unións Agrarias-UPA y el SLG reclaman cambios en la negociación del precio de la leche y una aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria.
La próxima renovación de los contratos lácteos llega con el sector productor gallego pendiente de una cuestión clave: qué precio recibirán las granjas y con qué herramientas podrán negociar sus condiciones con las industrias.
Unións Agrarias-UPA y el Sindicato Labrego Galego (SLG) coinciden en reclamar cambios que permitan reforzar la posición de los productores, aunque cada organización pone el acento en diferentes aspectos. El debate cobra especial relevancia después de la última bajada de precios y en un escenario marcado por el incremento de los costes de producción.
Desde Unións Agrarias-UPA consideran que el momento actual es especialmente importante para que las administraciones y las organizaciones políticas actúen y eviten que las industrias puedan imponer condiciones de forma unilateral. La organización reclama instrumentos que permitan garantizar una formación del precio de la leche más objetiva y equilibrada.
El sindicato sitúa además el foco en la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, actualmente en exposición pública, y considera que el proceso debe servir para introducir mecanismos efectivos que permitan hacer cumplir sus principios.
La negociación vuelve al centro del debate
Uno de los problemas que plantea el sector productor es la diferencia existente entre la capacidad negociadora de las explotaciones y la de las industrias.
Para Unións Agrarias-UPA, la próxima renovación contractual no debería afrontarse en las mismas condiciones si los productores no disponen de herramientas suficientes para defender sus derechos.
La organización pone como referencia el modelo francés, donde la negociación colectiva tiene un peso mayor y las organizaciones de productores cuentan con mecanismos que refuerzan su posición frente a la industria.
La pregunta que plantea es por qué un modelo de negociación colectiva puede funcionar en Francia mientras las organizaciones de productores españolas siguen teniendo dificultades para convertirse en el interlocutor efectivo que debería corresponderles.
El debate sobre cómo corregir ese desequilibrio también está sobre la mesa de la Comisión especial del Parlamento de Galicia dedicada al precio de la leche.
El SLG reclama que los costes tengan peso real
En esa comisión compareció también la secretaria xeral del Sindicato Labrego Galego, María Ferreiro, quien situó la evolución del número de explotaciones y el precio percibido por las granjas entre los principales problemas del sector.
Ferreiro recordó que Galicia bajó en 2025 de las 5.000 explotaciones productoras de leche, pese a que la comunidad continúa concentrando aproximadamente el 42 % de las granjas lecheras del Estado y mantiene una posición de liderazgo en producción.
La dirigente del SLG puso como ejemplo los datos correspondientes a julio. Según las cifras expuestas durante su intervención, el precio medio ponderado en Galicia fue de 44,38 euros por cada 100 litros sin IVA, frente a los 46,40 euros del conjunto estatal y los 49,10 euros registrados en Asturias.
Para el sindicato, esta diferencia debe analizarse conjuntamente con la evolución de los costes de producción.
La secretaria xeral del SLG planteó durante su intervención dos preguntas que resumen la preocupación de la organización ante la situación actual: qué modelo de granjas quiere Galicia y hasta dónde está dispuesta a permitir el cierre de explotaciones.
Ferreiro reclamó estudios públicos y actualizados sobre los costes de producción que puedan estar disponibles antes de las renovaciones contractuales y sirvan como referencia en la negociación.
También defendió la necesidad de recuperar y reforzar las mesas de negociación en las que estén representadas las organizaciones productoras, las industrias y la distribución.
La advertencia sobre una posible repetición del cártel
Uno de los momentos más contundentes de la comparecencia llegó cuando María Ferreiro planteó la posibilidad de que las condiciones de la última renovación contractual deban ser examinadas con especial atención.
La dirigente del SLG afirmó que podría existir un nuevo caso de cártel de la lecherelacionado con la renovación de contratos de abril de 2026.
Se trata de una advertencia y una petición de análisis formulada por el sindicato, no de la existencia acreditada de un nuevo cártel.
La referencia cobra especial relevancia porque el sector todavía arrastra las consecuencias del conocido cártel de la leche y de los procedimientos judiciales derivados de aquellas prácticas.
El precio no es el único problema de las granjas
La presión sobre el precio se suma a otros factores estructurales que condicionan la continuidad de las explotaciones.
Durante su comparecencia, Ferreiro relacionó la situación del sector con el aumento de los costes de producción y la dependencia de insumos externos. Como ejemplo, señaló el incremento del precio del gasóleo agrícola, que según los datos manejados por el SLG pasó de 0,96 euros por litro en febrero a 1,40 euros a comienzos de septiembre.
El sindicato considera que esta situación dificulta especialmente la viabilidad de las explotaciones de menor tamaño y puede acelerar el proceso de abandono.
A ello se añade la pérdida de superficie agraria útil. Según los datos expuestos por Ferreiro, Galicia habría perdido unas 265.000 hectáreas de SAU en las últimas tres décadas y 120.000 desde 2005.
Relevo generacional, PAC y mercados locales
Las organizaciones agrarias sitúan el futuro del sector más allá del precio del litro de leche.
Entre las propuestas planteadas por el SLG figuran políticas públicas que favorezcan el relevo generacional, apoyo a los mercados locales y a los proyectos de transformación y comercialización directa, así como una identificación clara del origen del producto.
También reclama una PAC con presupuesto suficiente y adaptada a las necesidades de las producciones gallegas, junto con el mantenimiento del segundo pilar y medidas que faciliten la transición hacia sistemas ganaderos más resilientes.
El cambio climático y la aparición de nuevas enfermedades ganaderas forman parte igualmente de las preocupaciones trasladadas al Parlamento.
Una decisión que afecta al futuro del sector
Las posiciones trasladadas por Unións Agrarias-UPA y el SLG coinciden en un diagnóstico fundamental: el productor necesita más capacidad para intervenir en la formación del precio y mayor seguridad jurídica en la contratación.
La modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria y los trabajos de la Comisión especial del Parlamento de Galicia abren ahora dos vías para abordar el problema.
La cuestión de fondo es si esas iniciativas conseguirán traducirse en mecanismos concretos que permitan a las explotaciones afrontar las próximas renovaciones contractuales con mayor capacidad negociadora.
Porque detrás de cada contrato no está únicamente el precio de un litro de leche. Está también la capacidad de una granja para cubrir sus costes, invertir, incorporar a una nueva generación y continuar formando parte del tejido económico y social del rural gallego.
