- El Gobierno aplaza la identificación electrónica bovina y flexibiliza normas, eliminando la obligatoriedad del veterinario de explotación.
El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo decreto que modifica la regulación en el sector ganadero, respondiendo a demandas históricas del sector. Este paso es parte del compromiso del Gobierno de cumplir con las 43 medidas acordadas con agricultores y ganaderos tras las protestas que colapsaron vías en toda España.
Entre los cambios destacados, se encuentra la prórroga hasta el 25 de junio de 2024 para la implementación obligatoria de la identificación electrónica del ganado bovino. A partir de esa fecha, todos los animales nacidos deberán contar con este sistema, diseñado para mejorar la trazabilidad y registro. Sin embargo, esta medida ha generado dudas en organizaciones como la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que señala preocupaciones sobre los costes y procedimientos asociados.
Otra de las medidas más esperadas es el aplazamiento, hasta el 1 de junio de 2025, de la obligatoriedad de que las explotaciones dispongan de un plan sanitario integral. Además, el decreto elimina definitivamente la figura obligatoria del veterinario de explotación, una carga que pequeñas granjas consideraban insostenible. No obstante, se mantienen las visitas zoosanitarias como requisito obligatorio.
El decreto también introduce modificaciones en las normativas sobre la movilidad de los animales y el acceso a ambientes exteriores, buscando una mayor coherencia con el marco europeo. Estas medidas buscan no solo aliviar la carga burocrática que pesa sobre las explotaciones, sino también dar tiempo al sector para adaptarse a las exigencias.
Con estas decisiones, el Ministerio de Agricultura asegura que ya ha cumplido con tres de las medidas pactadas con las organizaciones agrarias, un paso que busca apaciguar las tensiones con el sector y demostrar un compromiso real con sus necesidades. No obstante, algunas asociaciones señalan que todavía queda camino por recorrer, especialmente en aspectos relacionados con los costes y la implementación efectiva de estas normativas.
El decreto representa un esfuerzo por equilibrar la sostenibilidad, las demandas del sector y la coherencia con la legislación europea, aunque el debate sobre su impacto en pequeñas y grandes explotaciones sigue abierto.
