- La Fiscalía investiga a un organismo de la Xunta por los vertidos contaminantes de la mina de Touro
- El Gobierno presidido por Alfonso Rueda declaró hace unas semanas esta explotación Proyecto Industrial Estratégico
El Gobierno de Galicia, liderado por Alfonso Rueda, ha generado controversia al declarar la explotación minera de Touro como Proyecto Industrial Estratégico, a pesar de las acusaciones de incumplimientos ambientales. Esta declaración ha suscitado preocupaciones sobre cómo y por qué ciertas industrias reciben tal designación a pesar de potenciales infracciones ambientales.
La mina de Touro, ubicada en A Coruña, está nuevamente en el centro del debate ambiental. Las acciones de la Xunta de Galicia han sido cuestionadas por organizaciones ecologistas, debido a la supuesta permisividad y falta de acción frente a los vertidos contaminantes que afectan a varios ríos de la región. La reciente apertura de una investigación por parte de la Fiscalía sobre Augas de Galicia, un organismo público dependiente de la administración autonómica, es un capítulo más en esta historia de presuntas irregularidades.
La denuncia original fue presentada por Ecoloxistas en Acción, quienes solicitaron a la justicia que se determinara si había delito penal en la actuación de los organismos de la Xunta responsables de fiscalizar la actividad de la empresa minera. Los vertidos de la mina de Touro habrían contaminado ríos como el Pucheiras, Portapego, Felisa, Ameneiro-Lamas, y Burgo, afectando la calidad del agua de afluentes directos del río Ulla.
En respuesta a esta denuncia, la Fiscalía ha solicitado a la Consellería de Economía e Industria un informe exhaustivo sobre la situación actual de la mina, las autorizaciones ambientales vigentes, y las inspecciones y sanciones aplicadas. Ecoloxistas en Acción ha enfatizado que, a pesar de sus continuas denuncias, la Xunta no ha puesto fin a los drenajes contaminantes de la mina.
El ministerio público ha reclamado la documentación pertinente sobre los vertidos de la mina y la actuación de la Xunta ante esta situación ambiental, destacando la posibilidad de sancionar a autoridades o funcionarios públicos que, a sabiendas, hubieran autorizado actividades contaminantes o hubieran omitido inspecciones obligatorias.
La revisión del Plan Hidrológico Galicia-Costa 2021-2027 ya había señalado el grave impacto ambiental de la mina, y Ecoloxistas en Acción sostiene que tanto los propietarios de la mina como la Xunta son responsables de la contaminación, acusando a la administración de proteger los intereses del infractor.
Este caso pone en evidencia las tensiones entre desarrollo económico y protección ambiental, y plantea serias preguntas sobre los criterios utilizados para designar proyectos industriales estratégicos que no cumplen con las regulaciones ambientales. La designación de la mina de Touro como Proyecto Industrial Estratégico sugiere una flexibilidad preocupante en la aplicación de normas ambientales, priorizando intereses económicos sobre la preservación del medio ambiente y la salud pública.
