- Los expertos proponen que las ayudas de la PAC se asignen según la renta de los agricultores, no por la superficie, y promueven un cambio hacia dietas basadas en proteínas vegetales para una mayor sostenibilidad.
Los expertos seleccionados por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, para evaluar el futuro de la Política Agraria Común (PAC) consideran que es necesario reformar el sistema de ayudas para que estas se asignen en función de la renta de los agricultores y ganaderos, en lugar de la superficie que gestionan. Este grupo de expertos, en el marco del Diálogo Estratégico sobre el futuro de la Agricultura en la Unión Europea, propone que las ayudas directas se orienten hacia quienes más lo necesitan, asegurando así que se beneficien los pequeños productores y las explotaciones en zonas con limitaciones naturales.
El informe entregado a Von der Leyen y liderado por el profesor Peter Strohschneider, antiguo presidente de la Fundación Alemana de Investigación, recomienda que la próxima reforma de la PAC incorpore un principio de “degresividad”. Esto significaría que las explotaciones más pequeñas recibirían una mayor proporción de las ayudas, mientras que se reduciría el apoyo a las grandes explotaciones que actualmente son favorecidas por el sistema basado en la superficie trabajada.
El documento también enfatiza la importancia de enfocar las ayudas hacia la viabilidad económica de los agricultores, con el objetivo de garantizar su estabilidad financiera y evitar el abandono de tierras. Estas medidas deberían estar listas para su implementación en el próximo período de la PAC, entre 2028 y 2035, y estar particularmente dirigidas a jóvenes agricultores y zonas con desafíos naturales.
Von der Leyen, en su respuesta inicial, subrayó la necesidad de que el sector agroalimentario europeo sea más resiliente, competitivo y sostenible. También destacó el enfoque actual de la Comisión, que ha cambiado hacia una mayor confianza en los agricultores, dejando atrás prácticas de control demasiado invasivas, como las exigencias constantes de pruebas fotográficas para asegurar el cumplimiento de las normas medioambientales.
El informe propone un sistema de pagos orientado a resultados, permitiendo a los agricultores obtener ingresos suplementarios predecibles a cambio de cumplir con objetivos específicos. Asimismo, se sugiere la creación de un marco europeo común para evaluar la sostenibilidad de las explotaciones, con criterios homogéneos que permitan comparaciones entre los distintos sectores y regiones.
Otro aspecto relevante del informe es la coherencia entre las políticas comerciales y medioambientales de la UE, insistiendo en la necesidad de que Bruselas adopte una postura más firme al defender los intereses del sector agrícola en las negociaciones internacionales.
En cuanto al consumo de alimentos, los expertos recomiendan que tanto la UE como los Estados miembros promuevan políticas que favorezcan dietas equilibradas y sostenibles, priorizando una mayor ingesta de proteínas vegetales en lugar de animales. Esto responde a una tendencia actual hacia la reducción del consumo de carne, y el informe sugiere que esta transición sea apoyada por la UE, incentivando a los consumidores a adoptar opciones más sostenibles y saludables.
En definitiva, el informe propone una PAC más justa y adaptada a las necesidades de los pequeños agricultores, mientras alienta una transición hacia sistemas alimentarios más equilibrados y sostenibles, tanto desde el punto de vista económico como medioambiental.