El lunes de esta semana Uniones Agrarias presentó denuncia ante la AICA española y la gallega y ante la Comisión Nacional de los Comprados y de la Competencia por la venta a pérdidas que las industrias gallegas están forzando en el sector cárnico de vacuno. Con un diferencial de más de un euro entre lo que cuesta producir un kilo de carne y que las explotaciones están percibiendo por él; y vista la homogeneidad de unos precios que, al igual que acontecía en la leche, si les imponen a productoras y productoras de manera unilateral y sin margen para la negociación; la organización agroganadera entiende que hay #indicio más que de sobra para que las administraciones y los organismos competentes inicien actuaciones, investiguen a fondo y actúen para poner detengo a unas prácticas que atentan contra la rendabilidade y el mantenimiento de las explotaciones cárnicas de vacuno de nuestro país.
Los datos hechos públicos por la Xunta de Galicia, correspondientes a un estudio de costes encargado por la administración autonómica a la Fundación Juana de Vega, son la base que sustenta la denuncia realizada por Uniones Agrarias. Y es que de acuerdo con las cifras hechas públicas en 2023, tras lo fuerte incremento de los costes de producción que la invasión de Ucrania y la sequía trajeron al sector productor, producir un kilo de carne de vacuno costaba el año pasado 7,60€. Sin embargo, el precio que las explotaciones gallegas percibieron fue tan sólo de 6,20€. Pero no se trata de una situación nueva, pues ya en 2022 otro estudio realizado por el mismo organismo también la instancias de la Xunta cifraba ese coste de producción en 6,20€; un euro por debajo de los 5,20€ que entonces cobraron las granjas.
Al margen de las sanciones que este comportamiento xeralizado y reiterado podría acarrear para las más de 100 industrias cárnicas que operan en Galicia, Uniones Agrarias pretende que su denuncia sirva de punto de atención para que las cosas comiencen a hacerse de otro modo. Y es que, tal y como la organización destacaba hoy mismo en rueda de prensa, la capacidad de resistencia del sector productor se encuentra ya al límite.
Uniones Agrarias entiende que ahora, con el sector productor en la calle, es el momento para informar y sensibilizar a la sociedad sobre la situación real de las explotaciones, que no se han beneficiado del aumento del PVP de los alimentos que las personas consumidoras llevan más de un año padeciendo. Asímesmo, considera que la sentencia emitida por la Audiencia Nacional, que hace una semana ratificaba la existencia del cártel de la leche y el delito cometido por las industrias lácteas por pactar precios a la baja, sienta un precedente positivo que puede servir de ánimo para conseguir que las cosas comiencen a hacerse de otro modo también en el cárnico.
La analoxía existente entre todos los contratos firmados entre industrias cárnicas y explotaciones en Galicia evidencia la ausencia de negociación colectiva que está dándose en el sector. Por eso, Uniones Agrarias reclama que todas las industrias englobadas dentro de Asogacarne sean investigadas e insta a las administraciones a habilitar la ya tan demandada figura del mediador. “No pretendemos que se sancione a nadie, sino que se constate la realidad que tanto tiempo llevamos denunciando y que las administraciones activen los mecanismos pertinentes para frenar este tipo de comportamientos que impiden que las ganaderas y ganaderos cobren precios justos por sus producciones”.
Dentro de la IXP Ternera Gallega se comercializan anualmente 60.000 @becerro de una media de 200 kilos. Unas cifras que elevan hasta los 12 millones de euros al año el diferencial entre los costes de producción que soportan las explotaciones y los ingresos que perciben por su trabajo. Unas cifras a las que habría que sumar las correspondientes al 30% de la producción que se comercializa al margen de la Indicación Geográfica Protegida.
