La discusión de la financiación de la política agraria común (PAC) de la Unión Europea va para largo. No sólo está influyendo el Brexit, sino la actual pandemia de coronavirus con la consiguiente caída de la economía y el debate en la UE sobre las medidas para su recuperación en el que los países autodenominados “frugales” (entre ellos Holanda, al que se tolera ser un semiparaíso fiscal con el riego de que el dinero que entre salga más blanco) se oponen a las ayudas a fondo perdido.
En esta situación, el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca ha prorrogado los fondos PAC hasta 2022 cuando se espera haber negociado los reglamentos y las ayudas al sector para el período que va hasta el 2027. La medida era necesaria para dar seguridad jurídica a los beneficiarios.
En relación con las ayudas directas y medidas de regulación de mercados, la propuesta de la Comisión mantiene las mismas normas que las establecidas para el periodo 2014-2020. Por tanto, las campañas de los años 2020 y 2021 serán idénticas, en lo que se refiere a los tipos de ayudas y a las condiciones para recibirlas, que las concedidas en los años previos.
En la campaña de 2021 el presupuesto se ajustará al acordado para el período 2022-2027
No obstante, presenta algunas novedades. En el caso de régimen de pago básico, establece la posibilidad de que los Estados miembros decidan avanzar en los años 2020 y 2021 en la convergencia del valor de los derechos de pago básico por región realizada en el periodo 2015-2019.
En el caso de los Programas de Desarrollo Rural, los Estados miembros podrán prorrogar sus programas de desarrollo rural hasta el 31 de diciembre de 2021, de tal manera que dicha prórroga se financiará con cargo a los importes previstos para la programación del año 2021. Si no se llevase a cabo dicha prórroga, el presupuesto previsto para 2021 se repartirá entre las anualidades de 2022 a 2025 y se aplicará a las intervenciones FEADER del futuro Plan estratégico de la PAC. Además, la propuesta de reglamento también contiene disposiciones que permitirán la transición entre un periodo de programación y el siguiente, como siempre sucede en el caso de desarrollo rural, donde hay compromisos plurianuales que pasan de un periodo de programación al siguiente.
Con respecto a la financiación prevista en los decretos de transición, quizá los mas destacado es el que corresponde a la campaña de 2021. Se establecen los importes máximos nacionales para las ayudas directas, el programa de apoyo al sector vitivinícola, el Programa de Opciones Específicas de Alejamiento e Insularidad (POSEI) y los Programas de Desarrollo Rural. También contempla la necesidad de que el presupuesto para el pago de estas ayudas, que se hará con cargo al marco financiero plurianual 2021-2027, se adapte al presupuesto que resulte de la negociación de dicho marco financiero.
Es decir, que la campaña de 2021 se verá afectada por los recortes que se aprueben para el período que terminará en 2027 si es que el proyecto va adelante. España es uno de los 20 países de la UE que exige que se mantenga la financiación de la PAC al nivel de la correspondiente al período 2014-2020
