- La madera incautada proviene de parcelas en las que se ejecutó la limpieza de forma subsidiaria tras la autorización del comité encargado de supervisar el acuerdo entre Medio Rural, la Fegamp y Seaga
En muchas de las áreas que conforman las fajas secundarias de 50 metros alrededor de las aldeas gallegas, no solo prolifera el matorral, sino que también se observa un crecimiento descontrolado de especies como pinos, eucaliptos, acacias y mimosas. Estos árboles, al alcanzar una considerable altura, aumentan el riesgo de incendios forestales peligrosos, como los incendios «de copa». Si los propietarios de estas fincas no responden a los requerimientos de limpieza para eliminar estas especies pirófitas, los municipios que se han adherido al convenio firmado por la Consellería de Medio Rural, la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) y la empresa pública Seaga, pueden solicitar al comité de seguimiento la gestión subsidiaria de esas parcelas. Cada municipio puede solicitar la intervención de hasta 10 hectáreas.
Cuando la solicitud es aprobada y se lleva a cabo la limpieza en fincas con árboles, la madera resultante es decomisada, según informan desde Seaga. En la mayoría de los casos, debido al estado de abandono de las fincas, esta madera se destina principalmente a leña.
Desde la entrada en vigor del convenio, se han incautado en Galicia un total de 4.113 toneladas de madera, según datos de la Consellería de Medio Rural. Las provincias que más volumen de madera decomisada registraron fueron A Coruña y Pontevedra, con 1.820 y 1.674 toneladas respectivamente. En las provincias de Lugo y Ourense, las cantidades fueron significativamente menores, alcanzando 528,6 toneladas en Lugo y 89,76 toneladas en Ourense.
Gran parte de esta madera proviene de árboles que crecieron de manera espontánea en las parcelas, sin haber sido plantados deliberadamente, lo que limita su uso a productos de menor valor añadido. Además, en algunas de estas fajas secundarias se encuentran especies pirófitas como pinos y eucaliptos que, aunque pertenecen a plantaciones gestionadas correctamente, ahora están dentro de la zona de seguridad debido a la ampliación del perímetro de 30 a 50 metros alrededor de los núcleos urbanos. Esto obliga a los propietarios a retirar cualquier masa forestal continua, aunque no se aplica a árboles aislados.
Un aspecto que genera confusión entre los propietarios es el punto desde donde se mide la franja de seguridad de 50 metros. No se mide desde el límite de la propiedad o la fachada de las casas, sino desde el fin del suelo urbano o industrial del núcleo. Esta discrepancia en la interpretación de la normativa a menudo causa malentendidos entre los afectados.