El sector agrario necesita mantener el límite del REAGP en 250.000€ para asegurar la viabilidad fiscal de miles de explotaciones agrícolas y ganaderas.
El sector agrario, en vilo por el IVA: UPA advierte que la prórroga de módulos es solo un alivio temporal
Una prórroga que sabe a poco. Así resume la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) la reciente aclaración de la Dirección General de Tributos sobre el régimen simplificado y el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca (REAGP) del IVA. La medida —anunciada tras la no convalidación del Real Decreto-ley 9/2024— garantiza que los límites vigentes desde 2016 se mantendrán solo durante 2025, pero no más allá.
En términos prácticos, esto significa que los agricultores y ganaderos podrán seguir beneficiándose este año del umbral de 250.000 euros de ingresos para tributar en el REAGP y el régimen de módulos. Pero el próximo año, si no hay una reforma legal firme, el límite volverá a los 150.000 euros, lo que expulsaría del sistema a miles de explotaciones.
UPA lo califica de “balón de oxígeno, pero sin oxígeno de repuesto”. Y lanza un mensaje claro a todas las fuerzas políticas: “Hay que recuperar el consenso y blindar de una vez por todas este marco fiscal que garantiza la viabilidad de pequeñas y medianas explotaciones”.
¿Qué está en juego con el REAGP?
Desde 2016, y de manera ininterrumpida hasta ahora, el Estado ha elevado cada año mediante Real Decreto el límite de ingresos del REAGP de 150.000 a 250.000 euros. Esto ha permitido que el régimen simplificado del IVA y el de módulos agrarios del IRPF funcionen de forma coordinada, ya que ambos comparten esa misma frontera fiscal.
La no convalidación del RD Ley 9/2024, sin embargo, rompió esta tradición legislativa y generó una gran incertidumbre en el sector. La aclaración publicada por la Agencia Tributaria permite mantener el statu quo durante 2025, pero sin garantías legales de continuidad a partir de 2026.
El problema, según UPA, es que los dos regímenes —el de módulos y el REAGP— deben ir sincronizados. Si el IRPF permite operar hasta los 250.000 € pero el IVA se limita a 150.000 €, las explotaciones se ven atrapadas en un limbo fiscal, viéndose obligadas a salir de uno de los sistemas pese a estar diseñados para funcionar de forma conjunta.
Un clamor por seguridad jurídica
Para UPA, resulta “incomprensible” que el Congreso rechazara un decreto que daba continuidad a una norma ya consolidada desde hace casi una década. Lo consideran una decisión alejada de la realidad del campo, que necesita estabilidad normativa y no incertidumbres técnicas.
El mantenimiento del umbral de 250.000 euros forma parte del acuerdo de 43 medidas firmado por UPA y el Ministerio de Agricultura en abril de 2024, un pacto que necesita del respaldo parlamentario para desplegarse en su totalidad.
“No podemos construir un futuro para el medio rural con herramientas inestables”, sostienen desde la organización agraria. Y añaden: “La política fiscal no puede ser rehén de la confrontación política. Está en juego la sostenibilidad de miles de explotaciones familiares en todo el país”.
Consecuencias para el tejido productivo
El REAGP y el régimen de módulos no son una mera cuestión contable. Son instrumentos claves para simplificar la gestión tributaria de agricultores y ganaderos, especialmente de pequeñas explotaciones que no disponen de recursos para afrontar el salto al régimen general.
Limitar su aplicación puede suponer un incremento de cargas fiscales, burocráticas y contables que haría inviables muchas explotaciones situadas justo en ese umbral. Esto se traduce en menos rentabilidad, menos empleo rural y más abandono del campo, en un contexto en el que el relevo generacional y la soberanía alimentaria están ya comprometidos.
Llamada al consenso parlamentario
UPA ha lanzado un mensaje claro a los partidos políticos: “Aparquen sus diferencias y piensen en el bien común del sector agrario”. Piden una solución legislativa estable que garantice, sin margen de interpretación, que el límite de ingresos para acogerse al REAGP y al régimen de módulos se mantenga en 250.000 € más allá de 2025.
Solo así —añaden— podrá mantenerse un marco fiscal justo, coherente y adaptado a la realidad productiva del sector primario español.
