- La reciente investigación sobre abusos laborales en Lugo expone un problema estructural en la agroindustria. Racismo, explotación y acaparamiento de tierras están en el centro del debate.
La agroindustria en Galicia vuelve a estar en el punto de mira tras la apertura de una investigación por parte de la Guardia Civil sobre la explotación de 80 trabajadores migrantes en una plantación de arándanos en Pacios (Lugo). Estos trabajadores, en su mayoría africanos, fueron encontrados en condiciones precarias en un alojamiento sin licencia en Ordes (A Coruña), obligados a pagar su propio hospedaje y transporte hasta los campos de trabajo.
El caso ha reavivado las denuncias de organizaciones sociales y sindicales, que llevan años alertando sobre el trato inhumano a los temporeros en ciertas explotaciones agrícolas. Las sospechas apuntan a que algunos de los responsables de esta nueva empresa estuvieron vinculados anteriormente a la multinacional Surexport, un gigante de la producción de frutos rojos que operó en la comarca de Terra Chá hasta hace pocos meses y que arrastra un historial de denuncias por abusos laborales y apropiación irregular de tierras comunales.
Surexport y el modelo agroindustrial depredador
No es la primera vez que Surexport se ve envuelta en la polémica. En agosto de 2021, un trabajador de 27 años falleció al finalizar su jornada en una de sus explotaciones en Lugo, un hecho que pasó prácticamente desapercibido en los medios. Además, su estrategia de expansión en Galicia ha sido criticada por recurrir a maniobras opacas para acaparar terrenos, como ocurrió en Loentia (Terra Chá), donde la comunidad local expresó su preocupación ante la Delegación del Gobierno.
Ahora, con la llegada de un nuevo operador a la plantación de arándanos de Pacios, las alarmas se encienden nuevamente. Las primeras señales indican que las prácticas de explotación continúan, esta vez bajo una nueva identidad empresarial. La diferencia es que, a diferencia de lo ocurrido con Surexport, esta vez la justicia ha tomado cartas en el asunto.
La denuncia de los movimientos sociales
El Sindicato Labrego Galego (SLG), junto a otras organizaciones sociales, lleva años denunciando la explotación sistemática de trabajadores migrantes en el sector agroindustrial. En 2022, desde la Coordinadora Europea Vía Campesina, lideraron una campaña a nivel europeo contra este modelo productivo, señalando sus consecuencias no solo laborales, sino también medioambientales y sociales.
En 2021, estas mismas organizaciones impulsaron una campaña de sensibilización sobre los abusos de Surexport en Galicia, advirtiendo sobre la vulneración sistemática de derechos laborales y humanos en sus explotaciones. Las condiciones de precariedad extrema que han salido ahora a la luz no son, por tanto, casos aislados, sino el resultado de una estrategia empresarial basada en la explotación de personas y en la degradación del entorno.
¿Qué modelo de producción necesita Galicia?
El problema va más allá de una empresa concreta: el actual modelo agroindustrial en Galicia se basa en la intensificación productiva a costa de los derechos laborales y el medio ambiente. La producción de alimentos a gran escala, con mano de obra barata y condiciones de trabajo abusivas, permite ofrecer precios bajos en los supermercados, pero a un coste humano y ecológico insostenible.
Las organizaciones campesinas y ecologistas insisten en la necesidad de apostar por un modelo agroecológico, basado en explotaciones sostenibles, de tamaño humano y con condiciones laborales dignas. Frente al modelo de agroindustria depredadora, que solo busca maximizar beneficios a costa del territorio y las personas, es fundamental fomentar una producción que respete tanto el entorno como a quienes trabajan en él.
Lo que está ocurriendo en Galicia no es un caso aislado: es el reflejo de un sistema que, con la complicidad de ciertos poderes públicos, condena a miles de trabajadores a la miseria mientras los grandes empresarios se enriquecen desde la distancia. La pregunta es: ¿seguiremos permitiéndolo?
