- Vecinos afectados por el polémico proyecto minero reciben cartas de la Xunta instándolos a revisar la relación de bienes que podrían ser expropiados, a pesar de que la mina aún está en fase de alegaciones.
La reapertura de la mina de Touro-O Pino vuelve a encender el debate social y político en Galicia. A pesar de que el proyecto aún no ha sido aprobado y se encuentra en pleno período de alegaciones, la Xunta ha enviado cartas a los propietarios de terrenos potencialmente afectados informándoles sobre la afectación de sus bienes, como si la explotación fuera ya un hecho consumado.
Una estrategia para dar la mina por aprobada antes de tiempo
El envío de estas notificaciones ha generado gran inquietud entre los vecinos, que ven en esta medida una estrategia para normalizar la reapertura de la mina incluso antes de su aprobación oficial. Desde el Sindicato Labrego Galego (SLG) denuncian que la Xunta y la empresa promotora, Cobre San Rafael, están utilizando la figura de Proxecto Industrial Estratéxico (PIE) para transmitir la sensación de que el proyecto es inevitable.
“Parece que se da por hecho que todo lo que llega al Consello de la Xunta ya tiene la aprobación garantizada. Por un lado, la empresa presionando y, por otro, la Administración acelerando trámites antes de tiempo”, advierte Margarida Prieto Ledo, coordinadora de la lucha contra el acaparamiento de tierras en el SLG.
Las cartas enviadas a los afectados instan a revisar la relación de bienes sujetos a posible expropiación, a pesar de que el proyecto aún no ha pasado la evaluación ambiental ni ha completado el trámite de exposición pública. La población directamente afectada tiene un plazo ampliado para presentar alegaciones hasta después del 31 de enero, lo que hace que este movimiento de la Xunta resulte especialmente controvertido.
Riesgos ambientales y económicos en juego
Más allá de la batalla administrativa y social, los riesgos ambientales de la mina de Touro-O Pino siguen siendo una de las mayores preocupaciones. Desde el SLG advierten que la promotora ni siquiera ha demostrado contar con los medios técnicos y económicos necesarios para garantizar la seguridad de la infraestructura, evitando el riesgo de colapso de la balsa de residuos mineros.
Otro de los grandes temores es la contaminación del agua. Los estudios advierten de una alta probabilidad de drenaje ácido que podría afectar tanto aguas superficiales como subterráneas, dañando hábitats protegidos de la zona, incluida la Zona de Especial Conservación (ZEC) y otras áreas clave para la biodiversidad.
El impacto económico tampoco es menor. La reapertura de la mina afectaría directamente a sectores ya consolidados en la zona como la ganadería, la agricultura, el comercio y el turismo, poniendo en riesgo la viabilidad de muchas pequeñas empresas. “Abrir esta mina es como firmar la sentencia de muerte para muchas de nuestras explotaciones agrarias y negocios rurales. La Xunta nos está condenando a abandonar nuestras tierras para beneficiar a una empresa con un historial ambiental desastroso”, afirma Prieto Ledo.
Un proyecto rechazado en 2021 que regresa con nuevos privilegios
En 2021, la Xunta tuvo que frenar su apuesta por la reapertura de la mina debido a la fuerte oposición social. Sin embargo, en 2023, Cobre San Rafael—filial de la multinacional canadiense Atalaya Miningy de Explotaciones Gallegas—solicitó de nuevo la reactivación del proyecto, esta vez bajo un marco legislativo más favorable gracias a las modificaciones introducidas por el gobierno gallego.
El reconocimiento del proyecto como Proxecto Industrial Estratéxico (PIE) ha permitido acelerar los trámites administrativos, reducir a la mitad el tiempo de exposición pública y allanar el camino para la expropiación forzosa de tierras. Este mecanismo, que otorga privilegios a grandes empresas con conexiones económicas y políticas, nunca ha sido concedido a pequeños autónomos o emprendedores locales, lo que ha levantado críticas por su falta de equidad.
La lucha social se intensifica
A pesar de estas maniobras, la oposición al proyecto sigue creciendo. Desde el Sindicato Labrego Galego y otras organizaciones sociales llaman a la ciudadanía a movilizarse y presentar alegacionespara frenar la reapertura de la mina.
“La historia nos ha demostrado que cuando la sociedad se une, podemos frenar proyectos que amenazan nuestro futuro. Ya lo hicimos en 2021 y lo volveremos a hacer. Esta mina no pasará”, concluye Prieto Ledo.