- La PAC obliga a identificar a los propietarios de las parcelas, una medida que inquieta a las granjas mientras se reparten nuevas ayudas a agricultores.
- La nueva campaña de la PAC introduce la obligación de identificar a los dueños de las fincas, lo que genera preocupación en el sector ganadero. Al mismo tiempo se reparten 9,12 millones en ayudas de la Reserva Nacional.
La nueva campaña de la PAC abre un frente inesperado
La Política Agraria Común vuelve a situarse en el centro del debate en el campo español. La campaña de solicitudes llega este año con una novedad administrativa que está generando inquietud entre agricultores y ganaderos: quienes pidan las ayudas deberán identificar por primera vez a los propietarios de las parcelas que trabajan.
La medida busca reforzar el control sobre los fondos europeos, pero en territorios con una propiedad muy fragmentada podría tener consecuencias imprevistas. Muchas explotaciones dependen de tierras cedidas por familiares, vecinos o propietarios que ya no se dedican a la actividad agraria.
En este contexto, la obligación de aportar el DNI del titular de cada parcela ha despertado recelos y dudas que amenazan con reducir la superficie declarada en la PAC.
Galicia, donde el minifundio complica el proceso
El impacto puede ser especialmente relevante en Galicia, una de las regiones con mayor fragmentación de la tierra en Europa.
Más de la mitad de la superficie agraria útil se trabaja en régimen de alquiler o cesión. En las explotaciones de vacuno de leche esta dependencia puede llegar incluso al 70 %, lo que convierte a la tierra en un recurso estratégico para mantener la producción.
Durante décadas, muchos de estos acuerdos se han basado simplemente en la confianza. Propietarios que dejaron la actividad agraria permiten que otros vecinos trabajen sus fincas para mantenerlas limpias y productivas.
El nuevo requisito administrativo rompe en parte ese modelo tradicional.
Algunos propietarios temen que facilitar sus datos pueda tener implicaciones fiscales o afectar a pensiones y prestaciones. Aunque no necesariamente ocurra, la incertidumbre ya está generando dudas.
El problema de localizar a los titulares
A la desconfianza se suma otro obstáculo frecuente en el rural: encontrar a los propietarios reales de muchas parcelas.
En Galicia existen miles de fincas cuyos registros no se han actualizado tras herencias, ventas o repartos familiares. En ocasiones el titular catastral ni siquiera coincide con el propietario actual.
Para explotaciones que gestionan decenas o incluso cientos de parcelas, reunir toda esa información supone un trabajo enorme.
Hay granjas que trabajan tierras pertenecientes a decenas de propietarios distintos, lo que implica localizar a cada uno de ellos y recopilar su documentación antes de presentar la solicitud de ayudas.
Un proceso que llega justo en plena campaña agrícola.
Riesgo de perder superficie agraria
La preocupación del sector es clara: que parte de estas tierras salga del sistema.
Si una explotación no puede acreditar correctamente los datos del propietario, puede optar por no declarar la parcela para evitar sanciones o penalizaciones administrativas. Eso implicaría menos hectáreas subvencionables y, por tanto, menos ingresos.
Pero también tendría efectos sobre el territorio.
Muchas parcelas se mantienen limpias gracias a la actividad ganadera vinculada a la PAC. Si dejan de trabajarse, el abandono puede ser rápido, aumentando el riesgo de incendios y deterioro del paisaje agrario.
En comarcas ganaderas, donde el acceso a tierra suficiente es clave para producir forrajes y reducir costes, perder superficie puede comprometer la viabilidad de las explotaciones.
Las organizaciones agrarias prevén menos superficie declarada
Distintas organizaciones del sector consideran probable que la superficie incluida en la solicitud única de la PAC disminuya este año.
Muchos agricultores y ganaderos podrían decidir no declarar algunas parcelas si no logran identificar correctamente a los propietarios o reunir la documentación necesaria.
La paradoja es evidente: mientras las políticas europeas intentan fomentar el uso agrario de la tierra, determinadas exigencias administrativas podrían provocar el efecto contrario.
9,12 millones de euros de la Reserva Nacional de la PAC
Mientras el sector debate sobre los nuevos requisitos, el Ministerio de Agricultura ha resuelto el reparto de la Reserva Nacional de la Ayuda Básica a la Renta correspondiente a la campaña 2025.
En total se han asignado 9,12 millones de euros que beneficiarán a 1.887 agricultores y ganaderos.
La ayuda media se sitúa en 4.834 euros por beneficiario, aunque varía según la región y el valor de los derechos asignados.
Los jóvenes agricultores concentran la mayor parte de las ayudas
Los principales beneficiarios vuelven a ser los jóvenes que se incorporan a la actividad agraria.
• 1.551 agricultores jóvenes, el 82 % del total
• Más de 8 millones de euros concedidos
• Una ayuda media de 5.171 euros
Este colectivo también puede acceder a la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores, que se calcula por hectárea hasta un máximo de 100.
Además, en el caso de explotaciones gestionadas por mujeres con control efectivo, el apoyo puede incrementarse un 15 % adicional durante un máximo de cinco años.
Apoyo a nuevos profesionales y agricultores en desventaja
La Reserva Nacional también contempla otras situaciones dentro del sistema de la PAC.
Un total de 221 nuevos agricultores recibieron derechos por un valor de 940.941 euros, con una media de 4.258 euros por explotación.
Por otra parte, 115 agricultores en situación de desventaja —una categoría introducida en el actual periodo de la PAC— obtuvieron ayudas por 161.905 euros, con una media de 1.408 euros.
Este grupo incluye a profesionales que llevan años en la actividad agraria pero que no habían participado anteriormente en el sistema de derechos del pago básico.
Entre el control de ayudas y la realidad del campo
La PAC sigue siendo una herramienta clave para sostener la renta agraria y facilitar el relevo generacional. Sin embargo, cada cambio normativo tiene un impacto directo en el día a día de las explotaciones.
El nuevo requisito de identificar a los propietarios pretende mejorar la transparencia en el reparto de fondos europeos, pero en territorios donde la estructura de la propiedad es compleja puede convertirse en un desafío.
El sector espera ahora que las administraciones aclaren dudas y faciliten los trámites para evitar que una medida pensada para mejorar el sistema termine reduciendo la superficie agraria en uso.
Porque en muchas zonas rurales, la continuidad de una finca depende tanto de la burocracia como de la confianza entre vecinos.