- La exclusión de colectivos ambientales del Consejo Minero genera polémica por limitar la participación ciudadana en decisiones clave sobre minería en Galicia.
La Xunta de Galicia enfrenta duras críticas tras proponer la exclusión de las organizaciones ecologistas y de comunidades de montes vecinales del Consejo de la Minería de Galicia, un órgano consultivo clave que desde 2008 permitía la participación activa de la sociedad civil en las decisiones sobre la actividad minera en la región.
Esta medida, introducida en la nueva Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, no figuraba en el proyecto inicial y ha sido señalada como una concesión al lobby minero. Según el Sindicato Labrego Galego (SLG), este cambio supone un grave retroceso democrático y ambiental, al eliminar voces críticas en un momento crucial para el sector.
Silenciar a la sociedad civil
Organizaciones como ADEGA, Greenpeace y la Federación Ecoloxista Galega han condenado la decisión, calificándola de “atropello” a los derechos de acceso a la información y participación ciudadana en temas ambientales. Recuerdan que esta exclusión contradice la Convención de Aarhus, que protege estos derechos, y vulnera el principio de no regresividad en materia ambiental.
“Este es un golpe sin precedentes a la transparencia y la democracia ambiental”, denuncia el SLG. La maniobra llega en un momento delicado, con la aprobación pendiente del Plan Sectorial de Actividades Extractivas y un concurso de derechos mineros que podría abrir la puerta a nuevos proyectos de alto impacto en Galicia.
Una estrategia de exclusión
La decisión de la Xunta sigue una línea marcada en la “Agenda de Impulso de la Minería Sostenible de Galicia 2030”, donde se señalaba al “ecologismo radical” y las movilizaciones sociales como amenazas para el desarrollo del sector. Esta narrativa, según los colectivos afectados, busca deslegitimar las críticas contra proyectos polémicos como las minas de Touro, San Finx o Penouta, que han generado un fuerte rechazo social por sus efectos en el medio ambiente y la salud.
El cambio propuesto ha suscitado preguntas sobre su origen. Según el SLG, la composición del Consejo Minero no estaba contemplada en el proyecto inicial de la ley, lo que sugiere una intervención directa del sector minero para excluir a las organizaciones críticas. “En lugar de abrir el Consejo a colectivos diversos como cofradías, asociaciones agrarias o plataformas de afectados, se opta por blindarlo para el beneficio de unos pocos”, aseguran.
Impactos y resistencia
La exclusión de la sociedad civil no detendrá la oposición a los proyectos mineros destructivos, advierten las organizaciones firmantes. Subrayan que esta decisión busca dificultar el acceso a la información y obstaculizar la movilización social en defensa del territorio y el interés general.
Ante esta situación, el Sindicato Labrego Galego y otros colectivos han solicitado reuniones con todos los grupos parlamentarios para exigir la retirada inmediata de esta medida. No descartan recurrir a la vía judicial si la ley se aprueba en estos términos.
“Esto no es solo un ataque a las organizaciones, sino a los derechos de toda la ciudadanía a participar en decisiones que afectan profundamente al entorno, la salud y el futuro de Galicia”, concluyen.
Firmantes por el cambio
Entre los firmantes de esta denuncia se encuentran colectivos como ADEGA, Ecoloxistas en Acción, Fundación Montescola, Greenpeace, Sociedad Gallega de Historia Natural y otras organizaciones comprometidas con la defensa del medio ambiente y las comunidades afectadas.
En un contexto donde el acceso a la información y la participación pública son esenciales para garantizar la sostenibilidad, la lucha por una minería transparente y responsable en Galicia continúa con más fuerza que nunca.
