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Por lo visto, no es conveniente que el consumidor sepa demasiado

septiembre 3, 2018
La noticia ha trascendido el ámbito del sector lácteo por algo que, en una primera lectura, resulta insólito: a juicio de la CNMC —Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia—, no es conveniente que el consumidor tenga demasiada información a la hora de hacer su elección en la compra de productos lácteos, en concreto, información sobre el origen o procedencia de las mismos.

Margot Jefferies


«La CNMC considera que la obligación de incluir información sobre la procedencia geográfica de los productos puede ser relevante para el consumidor, pero también puede constituir una restricción a la libre circulación de mercancías y, por ende, a la competencia efectiva». Al reconocer que es información relevante para el consumidor y, sin embargo, aconsejar negársela, nos está diciendo, sensu contrario y aún suponiendo que esa no fuese la intención, que se alinea con los partidarios de que no figure obligatoriamente el origen de la leche en los envases. Este es el caso, por ejemplo, de la EDA —European Dairy Association o Asociación Láctea Europea —, que reúne a toda la industria y procesadores de leche europeos y se opone abiertamente a la obligatoriedad del etiquetado en origen.

El dictamen de la CNMC es la respuesta de este organismo a la solicitud preceptiva que le hizo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español —MAPA—, sobre el «Proyecto de Real Decreto relativo al etiquetado del origen de la leche como ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos lácteos». El Ministerio alega en su solicitud que «la finalidad de esta medida normativa de carácter temporal —determinada por un periodo de dos años— es, por un lado, mejorar la transparencia de la información alimentaria al consumidor, proporcionándole una información adecuada sobre el origen de la leche empleada que facilite su elección de compra y, por otro lado, igualar las condiciones de comercialización de la leche con origen en España con la de otros Estados miembros».

Porque esa es la realidad que impera: Francia, Italia, Portugal, Lituania, Finlandia y Grecia, entre otros, ya han tomado medidas similares amparándose en la legislación comunitaria. En el caso del país galo, para el 80 % de los consumidores el origen francés del producto constituye una garantía de calidad, y el logo que lucen los productos —«Leche recogida y transformada en Francia»— ha dado sus frutos, puesto que las importaciones han caído un 45 % en dos años, que se dice pronto. Y esto no ha supuesto que Francia haya dejado de importar productos lácteos de otros países, como supone a priori la CNMC que va a ocurrir cuando habla del riesgo de «compartimentar el mercado por zonas geográficas» si se indica el origen del producto.

La CNMC responde al Ministerio español que «La constatación de que otros Estados miembros han adoptado normativas similares tampoco justifica per se la existencia de una razón imperiosa de interés general, ni la necesidad de la medida desde la óptica de los consumidores. Sería además relevante analizar por qué los propios operadores no han introducido dicho etiquetado de forma voluntaria». Cabe decir, por un lado, que buena parte de los operadores sí han introducido dicho etiquetado de forma voluntaria, y por otro, que la respuesta es obvia para cualquiera que conozca un poco cómo funciona el sector lácteo. Pero dejaré que sea Lactalis quien lo explique por mí.

En Francia, un decreto similar al que quiere publicar el gobierno español, hace obligatoria la mención del origen de la leche con carácter experimental entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018. Pues bien, el Grupo Lactalis ha pedido formalmente al Consejo de Estado francés su anulación alegando, entre otras cosas, que «la mayoría de los consumidores concede gran importancia a esta información» debido, en particular, a «la asociación que puede establecer entre las propiedades de un producto y su origen», así como a las «capacidades de resistencia de la mercancía al transporte y los riesgos de su alteración durante el mismo» —Ouest-France, 29/06/2018—. De todo ello se deduce que el consumidor da mucho valor a la transparencia en la información, y que quiere saber porque quiere ELEGIR el origen y la naturaleza de los alimentos que se lleva a la boca. No es sólo una cuestión de precio.

En España, las reacciones no se han hecho esperar y la UPA —Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos— ha calificado sin remilgos el dictamen como una «barbaridad» que va contra la libertad de información y elección de los consumidores, y añade que se trata de una «artimaña» para proteger los intereses de las industrias multinacionales.

A pesar de que el llamado «subsector productor» debería de estar ya acostumbrado a los palos que le caen desde la CNMC, porque curiosamente los palos siempre caen del mismo lado, una no deja de sorprenderse. Porque a mi modo de ver, y como profana en temas legales, se está situando al mercado o al hecho intrínseco de la competencia por encima del derecho a la información de la gente para que tome sus decisiones en consecuencia. Parece un dictamen de laboratorio, ajeno a la realidad del mercado de productos lácteos —bien podría referirse a tuercas— y de la demanda de los consumidores, tal y como certifican todas las encuestas. También resulta especialmente chocante en un país deficitario como España, que importa cada año más de 2 millones de toneladas de equivalente leche en forma de queso u otros productos lácteos, por lo que difícilmente el decreto que propone el MAPA va a suponer una «restricción a la libre circulación de mercancías», o a «compartimentar el mercado por zonas geográficas». Únicamente con tanques.


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