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jueves, mayo 30, 2024

Uniones Agrarias lamenta la adopción de supuestos apoyos sin impacto real en el sector agroganadero

  • La exención del IBI de rústica aprobada por el gobierno supondrá una ayuda prácticamente nula para los profesionales del campo en Galicia

Santiago, 21 de junio de 2023.- Uniones Agrarias lamenta la toma de decisiones y la adopción de supuestas ayudas al sector agroganadero que, en la realidad, no tendrán apenas incidencia en las cuentas de las explotaciones. Es lo que acontece con la resolución para la compensación de la exención del IBI de naturaleza rústica recientemente publicada en el BOE. Una medida benintencionada que, a la hora de la verdad, tendrá un impacto prácticamente nulo para el sector en Galicia.

En el marco del Real Decreto de medidas para paliar los efectos de la sequía el gobierno ven de aprobar una resolución para la exención del IBI de rústica para los titulares de explotaciones agroganaderas. Una medida supuestamente positiva que, sin embargo, parece haber sido adoptada sin un análisis previo de impacto.

Uniones Agrarias hace un llamamiento para que, en el futuro, antes de proponer y aprobar medidas supuestamente destinadas a apoyar a los profesionales del campo las administraciones contrasten el impacto real de las mismas. Y es que la resolución que ven de entrar en vigor pasará sin pena nen gloria: tanto por los requisitos que establece como por el impacto económico real que supone debido a las bajas tasas del IBI de rústica.

Para poder beneficiarse de esta exención es requisito que el titular catastral sea el mismo que el titular de la explotación agroganadera. Algo que, en la práctica, en Galicia acontece en un porcentaje ínfimo de los casos. Al otro lado de eso, la excesiva carga borocrática asociada al procedimiento unida al menor descuido repercusión económica que supondrá (los importes para el IBI de rústica están sujetos la cuotas muy bajas) sin duda se traducirá en un impacto cero del mismo.

Un ganadero o agricultor que desee beneficiarse de esta medida deberá solicitarlo expresamente y acreditar una merma del rendimiento neto de su actividad en los 3 años previos de cuando menos un 20% para las explotaciones ubicadas en municipios de montaña y del 30% para las demás. Luego de eso, serán los Ayuntamientos los que soliciten la compensación al Ministerio de Hacienda.

Uniones Agrarias no entiende que se obligue al sector a cumplir con semejantes requerimientos cuando es más que conocido el impacto económico que la subida de costes de producción, derivada primero de la invasión de Ucrania y luego de la sequía, están suponiendo para las explotaciones. En ese sentido, la organización insta a las administraciones a actuar con sensibilidad y rigor y a apostar por ayudas directas y procedimientos que supongan un impacto real, directo e inmediato para agricultores y ganaderos.

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