- La UPA solicita al ministro de Agricultura que reevalúe su postura sobre el arranque social del viñedo, una medida vista como una salida ante la crisis del sector vitivinícola.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha urgido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a reconsiderar su negativa frente a la demanda del arranque social de viñedo, una medida que muchos viticultores ven como una salida necesaria en medio de la crisis del sector. La UPA ha solicitado una reunión bilateral con el ministro para discutir las dificultades que atraviesa la viticultura en España y las posibles soluciones.
Durante los últimos años, el sector vitivinícola ha enfrentado campañas especialmente complicadas, afectando tanto a nivel estatal como a regiones específicas. Las recientes declaraciones del ministro Planas, en las que rechazaba el arranque social solicitado por diversas provincias productoras, han generado sorpresa y preocupación en la UPA, que considera esta medida como la única opción viable para muchos agricultores.
Alejandro García-Gasco Alcalde, responsable de Vino en UPA, explicó que esta solicitud se ha hecho tanto a nivel nacional como en Bruselas, debido a la gravedad de la situación. “No es una demanda hecha a la ligera, sino una respuesta a una crisis real que vive el sector”, afirmó. Entre los factores que impulsan esta solicitud se encuentran las condiciones climáticas adversas, como las sufridas en el sureste español, donde muchas vides han muerto, y la crisis de consumo sumada a la presión de la industria en la fijación de precios.
El arranque social propuesto por la UPA se plantea como una medida temporal y subvencionada, diseñada para dar un respiro a los viticultores más afectados. Se insiste en que debe financiarse con fondos extraordinarios y consensuarse con el sector, de forma que beneficie a aquellos que más lo necesitan, evitando la creación de “agricultores de primera y segunda”. Además, la UPA subraya que estas ayudas deben ir acompañadas de una paralización de nuevas plantaciones en las parcelas que se acojan al arranque social, asegurando que no se generen beneficios adicionales fuera de la subvención.
En paralelo, la UPA ha mostrado su decepción por la reciente aprobación del Real Decreto que modifica la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) en el marco de la PAC, sin incluir tres propuestas clave para la viticultura familiar: ayudas a las inversiones en explotaciones, exclusión de solicitantes con sentencias firmes por incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, y la ampliación de ayudas para prevenir daños causados por conejos en los viñedos.
La organización insiste en la necesidad de un trato equitativo para todos los viticultores afectados por la crisis de rentabilidad, pidiendo una solución consensuada que garantice la viabilidad de pequeñas y medianas explotaciones en todo el país.
