- La Ley de Agricultura Familiar es vital para proteger el relevo generacional, evitar el abandono del rural y fortalecer las explotaciones sostenibles en España.
Hace justo un año, el ministro de Agricultura, Luis Planas, prometió presentar un anteproyecto de Ley de Agricultura Familiar antes de finalizar 2024. Sin embargo, este compromiso sigue sin cumplirse, generando decepción entre miles de agricultores y ganaderos que ven en esta normativa una esperanza para la supervivencia de un modelo productivo que representa el 80% de las explotaciones agrícolas en España.
La columna vertebral del campo español
Las explotaciones familiares, gestionadas principalmente por el trabajo directo de sus titulares y sus familias, son más que un pilar económico. Son la esencia del medio rural, guardianas de la biodiversidad y de una forma de vida que, según la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), está en peligro.
“El futuro de nuestras explotaciones está comprometido, y necesitamos un marco legal que garantice nuestra continuidad”, advierten desde la organización. Estas explotaciones generan alimentos de calidad, sostienen la vida en los pueblos y contribuyen a la conservación del medio ambiente, pero enfrentan enormes desafíos: precios injustos, normas desproporcionadas y un relevo generacional que no llega.
Una promesa pendiente
El presidente Pedro Sánchez incluyó la Ley de Agricultura Familiar entre sus compromisos de investidura, y desde el Ministerio de Agricultura se anunció un primer borrador para finales de este año. Sin embargo, desde UPA lamentan la falta de avances concretos y critican la ausencia de prioridad en un tema que consideran fundamental para frenar el despoblamiento rural y el cierre de explotaciones.
“La estrategia de alimentación es importante, pero necesitamos acciones específicas para proteger las explotaciones familiares”, apuntan. Sin un marco normativo adecuado, el sector teme el desembarco de fondos de inversión que desplacen a los pequeños productores, alterando irreversiblemente el tejido rural.
Una ley para cambiar el rumbo
Para UPA, la futura Ley debe ser una herramienta transformadora que garantice precios justos, etiquetado de origen obligatorio y cadenas de comercialización más cortas. También abogan por normativas adaptadas a pequeñas industrias familiares, como queserías artesanales o envasadoras de miel, que son ejemplos de sostenibilidad y calidad diferenciada.
“La Ley de la Cadena Alimentaria ha demostrado que las normas bien diseñadas pueden marcar la diferencia. Ahora, necesitamos que la Ley de Agricultura Familiar haga lo mismo: proteger nuestras explotaciones, evitar el cierre de negocios, fomentar el relevo generacional y salvar nuestros pueblos”, sentencian.
Con más de 750.000 explotaciones familiares en juego, UPA insiste en que el Gobierno no puede permitirse más demoras. “Cada día que pasa sin esta Ley es un paso más hacia el abandono de nuestro campo. Puede que mañana sea demasiado tarde”.
Enlace relacionado: Ministerio de Agricultura – Estrategia Nacional de Alimentación
