- La Audiencia de Oviedo apoya a Unións Agrarias y confirma que CAPSA pagaba menos a ganaderos gallegos, priorizando la libertad sindical y de expresión.
- La justicia confirma el agravio: CAPSA discriminó a ganaderos gallegos
Un fallo con valor sectorial
La Audiencia Provincial de Oviedo ha dado nuevamente la razón a Unións Agrarias en el contencioso que mantiene con la Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA Food), empresa propietaria de marcas como Central Lechera Asturiana y Larsa. El tribunal desestima así el recurso de apelación presentado por la compañía láctea contra una sentencia previa del Juzgado nº 3 de Siero, que ya había rechazado su denuncia por difamación contra la organización agraria gallega.
El centro del conflicto: la acusación pública de Unións Agrarias sobre el presunto “apartheid” que la industria láctea practica contra los ganaderos de Galicia, pagándoles precios notablemente inferiores por el mismo litro de leche en comparación con sus homólogos asturianos.
Libertad de expresión en el sector agrario
La resolución judicial subraya que, en contextos de conflicto como este —donde se enfrentan intereses empresariales y reivindicaciones ganaderas— deben prevalecer derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad sindical. En palabras de la Audiencia, “las extralimitaciones verbales o escritas en un conflicto lácteo no anulan el interés público de las denuncias, siempre que no se incurra en expresiones objetivamente injuriosas”.
El tribunal también recuerda que CAPSA fue sancionada en 2019 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tras detectarse prácticas de concertación de precios en el sector lácteo entre los años 2000 y 2013. Aunque la empresa quiso alegar que estos hechos eran antiguos, la Audiencia considera que su conocimiento efectivo no se produjo hasta años después, lo que justifica la actualidad de las denuncias públicas realizadas por Unións Agrarias.
Reputación versus derechos colectivos
En su recurso, CAPSA acusaba a la organización gallega de lanzar “acusaciones falsas e insidiosas” que lesionaban su prestigio empresarial. Sin embargo, el tribunal ha respaldado el derecho de los ganaderos a denunciar públicamente las desigualdades en el sector, sobre todo cuando están respaldadas por antecedentes sancionadores.
El fallo impone además las costas judiciales a la demandante, lo que supone un espaldarazo económico y simbólico para el sindicato agrario gallego.
Una victoria con eco en el rural gallego
Este nuevo respaldo judicial supone una victoria no solo para Unións Agrarias, sino para todo el sector ganadero gallego, que desde hace años viene reclamando un trato equitativo frente a las grandes industrias lácteas. La sentencia refuerza la legitimidad de las organizaciones agrarias para señalar públicamente abusos y desigualdades, especialmente en un contexto donde la rentabilidad de las explotaciones está al límite.
Resta por ver si CAPSA decide recurrir al Tribunal Supremo. Pero, por ahora, el mensaje es claro: el campo tiene derecho a defenderse —y a decirlo alto— cuando considera que se le trata injustamente.
