- El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoy la resolución de la Consellería de Medio Rural por la que prorroga este convenio dados los buenos resultados obtenidos hasta el momento, ya que la superficie gestionada en las fajas secundarias pasó de representar la mitad del total en 2019 a superar el 70% en este año 2022
- Así, en virtud de la quinta adenda que se publica hoy, los ayuntamientos piloto podrán llevar a cabo actuaciones subsidiarias sin límite de superficie en todo su territorio
- A día de hoy, están adheridos un total de 276 ayuntamientos, es decir, el 88% de los municipios totales de Galicia
- Fueron entregados 273 planes municipales de prevención y defensa contra los incendios forestales a otros tantos ayuntamientos y, de este total, 207 ya están aprobados definitivamente en sede municipal
- Además, en el proyecto de Ley de medidas fiscales y administrativas que acompañó a los presupuestos de 2023, y que entró en vigor el pasado 1 de enero, se mejora sustancialmente el procedimiento para la gestión de la biomasa en el ámbito de las redes de fajas
Santiago de Compostela, 13 de febrero de 2023.- El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoy la resolución con la quinta adenda al convenio de protección de las aldeas, suscrito entre la Consellería de Medio Rural, la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) y la empresa pública Servicios Agrarios de Galicia (Seaga) en materia de prevención y defensa contra incendios. Así, se dota esta prórroga con un presupuesto adicional de 13,5 millones de euros (de los cuales 1.250.000 euros se correspondieron a trabajos de final realizados en 2022) para poder llevar a cabo las actuaciones en el marco del sistema público de gestión de la biomasa en las fajas secundarias.
En este sentido, cabe recordar que la Ley de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia establece el procedimiento para la gestión de la biomasa en el ámbito de las redes de fajas e indica que son las personas propietarias las que tienen el deber de mantener gestionadas las franjas secundarias y, de lo contrario, será el organismo municipal lo que proceda a su ejecución de forma subsidiaria.
Conscientes de la situación y de las dificultades que tienen los ayuntamientos para hacer cumplir dicha norma, la Xunta estableció un sistema público de gestión, donde los particulares con parcelas en parroquias priorizadas que se adhieran a un contrato de gestión de biomasa abonarán una tarifa bonificada de 350 euros por hectárea para la gestión de la biomasa nos sus terrenos. A día de hoy están adheridos la este convenio de protección de las aldeas un total de 276 ayuntamientos (lo que representa el 88% de los municipios totales), lo que evidencia la buena acogida de este convenio entre las entidades locales.
De hecho, en cuanto a la gestión de la biomasa, entre 2021 y 2022 la Xunta inspeccionó un total de 84.914,57 hectáreas de 1.243.069 parcelas. Además, en lo relativo a la superficie gestionada –por sus propietarios o de manera subsidiaria por Seaga– pasó de representar la mitad del total en 2019 a superar el 70% en este 2022. Además, los propietarios de las parcelas gestionadas están siendo objeto de la correspondiente notificación, advirtiéndoles de la repercusión del coste y de la imposición de la correspondiente sanción por @dito incumplimiento. Desde 2021, se llevan generado un total de 250.303 notificaciones y 208.635 referencias catastrales publicadas.
Por otra parte, entre las ventajas de este acuerdo está la redacción del plan municipal antiincendios por parte de la Administración gallega, un plan que exige la Ley de prevención y que hasta ahora prácticamente ningún ayuntamiento tenía. En esta línea, cabe indicar que ya fueron entregados por parte del Gobierno gallego 273 planes municipales de prevención y defensa contra los incendios forestales a otros tantos ayuntamientos que no contaban en ese momento con este instrumento de planificación. Y de este total, 207 ya están aprobados definitivamente en sede municipal.
Por último, a través de este convenio hasta ahora también se posibilitaba a los ayuntamientos adheridos llevar a cabo actuaciones subsidiarias hasta un máximo de 10 hectáreas de superficie por ayuntamiento y año. Sin embargo, con esta quinta adenda al convenio, esta limitación se eliminará en el caso de aquellos ayuntamientos seleccionados por la Comisión de seguimiento como ayuntamiento piloto, donde -respetando la disponibilidad presupuestaria- podrá actuarse subsidiariamente en la totalidad del ayuntamiento. Hasta ahora, los ayuntamientos pilotos eran los de As Nogais, Monterrei, Cualedro, Lobios, Carnota, Gondomar y A Gudiña.
Modificación Ley de medidas
Además, en el proyecto de Ley de medidas fiscales y administrativas que acompañó a los presupuestos de 2023, y que entró en vigor el pasado 1 de enero, se mejora sustancialmente el procedimiento para la gestión de la biomasa en el ámbito de las redes de fajas.
En este sentido, se remarcó que la obligación de gestión de biomasa es durante todo el año, aunque desde finales de mayo se intensifican los controles y, desde principios de abril, para aquellos que incumplieron nos últimos cuatro años sus obligaciones de gestión. Es decir, que el apercibimiento es válido por cuatro años, estableciéndose la posibilidad de imposición de multas coercitivas, alternativamente al procedimiento de ejecución subsidiaria. Además, con esta modificación en la Ley de Medidas, se soluciona también el problema del cobro de los costes de la ejecución subsidiaria, ya que hasta el momento no se podía recaudar por la Administración autonómica, por corresponder a una competencia municipal.
Sin embargo, se prevé que en el marco del nuevo convenio de protección de las aldeas, la Xunta pueda ejercer ciertas funciones (cómo ordenar la ejecución subsidiaria, notificar la liquidación y recaudar los costes en los que incurrió) para un mejor desarrollo de las actuaciones que recoge @dito acuerdo.
Enlace a la resolución en el DOG:
https://www.xunta.gal/dog/publicados/2023/20230213/AnuncioG0426-030223-0001_gl.html
