Norma del purín: una carga injusta para el ganadero
La prohibición de cisternas convencionales para aplicar purín choca con los avances logrados en reducción de emisiones y castiga al productor gallego.
Una normativa que llega cuando ya se están haciendo los deberes
La nueva prohibición de utilizar cisternas convencionales para esparcir purín ha desatado malestar en el campo gallego. No se trata solo de una cuestión técnica o de modernización, sino de una normativa que, lejos de reconocer los esfuerzos del sector, lo pone contra las cuerdas.
En los últimos años, Galicia ha cumplido con creces los objetivos europeos en reducción de emisiones de amoníaco. Según los propios datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el ritmo de descenso supera lo exigido, y la contribución del sector agrario ha sido decisiva. Sin embargo, ahora se impone una nueva regla: solo se podrá aplicar purín con sistemas como tubos colgantes o inyectores. Las cisternas convencionales, empleadas históricamente en Galicia, quedan fuera de juego.
Impacto directo: inversiones imposibles y agricultores en alerta
La medida afecta a más de 13.000 cisternas en activo en Galicia, de las cuales solo unas pocas cumplirían con el nuevo requisito. Para el ganadero medio, adaptar o sustituir su maquinaria supone un coste que, en muchos casos, no puede asumir.
Además, esta transición forzosa no llega con ayudas claras ni con un calendario realista. En un momento de alta inflación, costes disparados y márgenes cada vez más estrechos, se exige una inversión elevada sin retorno asegurado. El malestar no es solo económico, sino también emocional: el campo gallego siente que se le exige más que a nadie, incluso cuando ya está cumpliendo.
¿Una salida viable? El plato invertido, aún sin luz verde
Ante la falta de alternativas viables, el sector ha reclamado desde hace meses la legalización del llamado plato invertido, una técnica intermedia que reduce emisiones y es mucho más accesible que los equipos inyectores.
La Xunta de Galicia ha recogido esta demanda, pero la autorización depende del Ministerio. Mientras tanto, cientos de ganaderos siguen en un limbo normativo: si aplican purín con el método tradicional, están incumpliendo; si quieren cumplir, deben endeudarse o paralizar la actividad.
Más que una norma: un agravio al sentido común
El problema de fondo no es solo técnico. Es de justicia. ¿Por qué castigar al pequeño productor que ya ha demostrado compromiso con el medio ambiente? ¿Por qué imponer una norma uniforme en un territorio donde la orografía, el clima y el tamaño medio de las explotaciones exigen flexibilidad?
Mientras se promueve una ganadería más sostenible, estas decisiones parecen ir en la dirección contraria. Lejos de acompañar al rural, lo empujan al borde.
Sostenibilidad sí, pero con cabeza
La lucha contra el cambio climático exige compromiso de todos, incluido el sector primario. Pero las políticas deben ser realistas, justas y adaptadas a cada territorio. Galicia ha demostrado que puede reducir emisiones. Lo que necesita ahora no es una multa encubierta, sino herramientas, apoyo y sentido común.
Porque cuando la norma se convierte en obstáculo y no en incentivo, quien pierde no es solo el productor: pierde toda la sociedad.
