- La justicia desestima por tercera vez una demanda de CAPSA y avala el derecho de las organizaciones agrarias a denunciar prácticas lesivas para el sector productor.
Una sentencia con peso en el campo gallego
Por tercera vez, un juzgado vuelve a respaldar al sector productor frente a Corporación Alimentaria Peñasanta S.A. (CAPSA). La nueva resolución judicial —que desestima íntegramente la demanda presentada por la industria láctea— confirma que Unións Agrarias no dañó su reputación al denunciar prácticas que consideraba perjudiciales para la rentabilidad de las explotaciones.
Además, el fallo condena a CAPSA al pago de las costas procesales, un gesto que refuerza la contundencia del pronunciamiento judicial en un momento especialmente sensible para el campo gallego, donde los precios en origen y la estabilidad de los contratos continúan siendo motivo de preocupación.
El origen del conflicto: ¿crítica legítima o ataque reputacional?
La compañía acusaba a Unións Agrarias de menoscabar su imagen pública con declaraciones sobre su relación con las explotaciones proveedoras. Sin embargo, el juzgado concluye que las afirmaciones realizadas por la organización eran veraces, de interés público y amparadas por el ejercicio legítimo de la defensa del sector productor.
Según la sentencia, las organizaciones agrarias tienen no sólo el derecho, sino también la obligación de advertir sobre prácticas que puedan perjudicar la sostenibilidad económica de las granjas. El fallo se apoya en la normativa estatal y europea que protege la libertad de expresión y la representación profesional.
Por qué esta resolución afecta directamente al rural
El impacto del fallo trasciende a las partes implicadas. En un sector donde:
• los costes de producción se mantienen al alza,
• los márgenes siguen tensionados,
• la industria conserva un notable poder de negociación,
• y la rentabilidad de las granjas se encuentra en una situación frágil,
… la sentencia envía un mensaje claro: denunciar desequilibrios y prácticas abusivas no puede interpretarse como un ataque ilegítimo.
Para muchas explotaciones gallegas, esta resolución supone un respaldo institucional a la defensa activa de sus intereses, en un mercado lácteo donde la transparencia y la equidad siguen siendo retos pendientes.
Un precedente relevante para el conjunto del sector
Este tercer fallo judicial a favor de Unións Agrarias contribuye a fortalecer un marco de mayor transparencia entre industria y productores. También pone de manifiesto que la crítica fundamentada forma parte del normal funcionamiento del mercado y del papel de vigilancia que ejercen las organizaciones del rural.
Para el conjunto del sector, la sentencia se percibe como un precedente que puede desalentar futuros intentos de silenciar las reivindicaciones del campo por la vía judicial.
Sentencia pública para evitar dudas
Tal y como había solicitado la propia CAPSA durante el proceso, la organización agraria ha publicado el contenido íntegro de la sentencia, disponible para su consulta pública. El documento certifica la desestimación de la demanda y la condena en costas a la multinacional láctea.