Veterinario de explotación: de obligatorio a voluntario
El Gobierno elimina la obligatoriedad del veterinario de explotación y del plan sanitario integral, aliviando la burocracia para ganaderos.
Más flexibilidad para el campo: menos burocracia, misma vigilancia
Con dos nuevos reales decretos aprobados en Consejo de Ministros, el Gobierno central ha dado marcha atrás en una de las medidas más criticadas por el sector ganadero: la obligatoriedad del veterinario de explotación y del plan sanitario integral. Lo que en 2023 se aprobó como norma obligatoria para todas las granjas, pasa ahora a ser voluntario, en un intento de aliviar la carga burocrática que viene ahogando al campo.
Se trata de una de las 43 medidas pactadas en abril entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las organizaciones agrarias UPA y Unión de Uniones, dentro de la estrategia para dar respuesta a la presión creciente del mundo rural.
Visitas zoosanitarias sí, pero según el riesgo
Aunque se elimina la obligación de tener un veterinario fijo en cada explotación, no desaparecen los controles. El nuevo marco legal establece un sistema de visitas zoosanitarias por parte de profesionales veterinarios con una frecuencia determinada por el riesgo sanitario de cada granja.
Estas visitas servirán para revisar aspectos como la bioseguridad, el uso prudente de medicamentos o la detección temprana de enfermedades, e irán acompañadas de recomendaciones concretas para corregir posibles deficiencias.
El que tenga veterinario fijo, menos inspecciones
El Ministerio introduce un incentivo claro para quienes mantengan voluntariamente la figura del veterinario de explotación: serán considerados de menor riesgo sanitario y, por tanto, estarán sujetos a un menor número de inspecciones oficiales.
Lo mismo ocurre con el plan de bienestar animal, que también pasa a ser voluntario salvo en casos concretos. Este enfoque busca premiar las buenas prácticas sin imponerlas como norma general, dejando margen de decisión al ganadero.
Cambio en las reglas de juego para bovino, porcino y avícola
El Consejo de Ministros aprovechó la ocasión para modificar también los decretos de ordenación específicos de las explotaciones bovinas, porcinas y avícolas. En estos sectores, se elimina la obligatoriedad del plan sanitario integral y del plan de bienestar animal, y se introduce la voluntariedad del veterinario de explotación, en coherencia con el nuevo marco normativo.
Además, se adaptan los sistemas de gestión de las explotaciones (SIGE) para reflejar las nuevas obligaciones de vigilancia por parte de los titulares.
Un año más para adaptar las granjas porcinas
Por último, se amplía en doce meses el periodo de adaptación a las exigencias del Real Decreto 159/2023, que regula la protección de los cerdos en explotaciones porcinas. Esta prórroga busca dar un respiro a un sector especialmente golpeado por la presión normativa y por las dificultades del mercado.
Alivio a medias en el rural
Estas medidas suponen una relajación de las exigencias que el sector llevaba tiempo reclamando. Especialmente en Galicia, donde muchas explotaciones familiares no podían asumir los costes añadidos de planes sanitarios obligatorios o veterinarios exclusivos.
Sin embargo, desde algunos ámbitos se advierte del riesgo de que esta flexibilización conlleve una pérdida de seguimiento técnico o incluso una desigualdad de condiciones en los mercados, entre quienes sí apuestan por sistemas más avanzados y quienes optan por el mínimo obligatorio.
El debate queda abierto, pero lo que está claro es que el Gobierno ha dado un paso para recuperar la confianza del campo y rebajar el malestar generalizado. La clave ahora está en cómo lo gestionen las autonomías, y si logran mantener el equilibrio entre libertad, sanidad y competitividad.
