- La reciente legislación sobre prescripción de fármacos veterinarios desata protestas en toda España por sus posibles consecuencias negativas en la atención sanitaria de los animales.
La entrada en vigor del Real Decreto 666/2023 el pasado 2 de enero ha generado una ola de indignación entre los profesionales veterinarios de España. Esta normativa, que busca regular la prescripción y uso de antibióticos en animales, ha sido calificada por el colectivo como una amenaza directa a la salud y bienestar animal, además de imponer una carga burocrática que dificulta su labor diaria.
Uno de los puntos más controvertidos es la obligación de comunicar electrónicamente todas las prescripciones de antibióticos a través de la plataforma PRESVET. Aunque la intención es controlar el uso de estos fármacos para combatir la resistencia antimicrobiana, los veterinarios argumentan que el sistema entorpece su trabajo y compromete la atención inmediata que requieren muchas urgencias. Además, la normativa impone sanciones que pueden superar el millón de euros por incumplimientos, lo que añade una presión adicional al ejercicio profesional.
Jorge Díaz, con más de tres décadas de experiencia en su clínica de Betanzos, alerta sobre las repercusiones prácticas de la ley: “Si un perro llega con una mordedura que necesita sutura, los analgésicos que antes teníamos en la clínica ahora deben ser recetados al dueño, quien tendrá que ir a una farmacia. Este retraso puede poner en riesgo la vida del animal”. Situaciones similares se presentan en casos de paradas cardíacas o infecciones oculares, donde la demora en la administración del tratamiento adecuado puede ser fatal.
La normativa también afecta a los veterinarios que trabajan con animales de producción. Ángel Ruiz de Valbuena, con casi treinta años en el sector porcino, señala que las restricciones en la prescripción y la obligatoriedad de análisis previos pueden condenar a la muerte a muchos animales, especialmente en granjas donde las enfermedades se propagan rápidamente. “Nos arriesgamos a sanciones millonarias y a que mueran muchos animales por no poder actuar según nuestro criterio profesional”, afirma.
Ante esta situación, el colectivo veterinario ha organizado diversas protestas en todo el país. El 11 de febrero, se llevaron a cabo paros simbólicos y concentraciones en varias ciudades, incluyendo A Coruña y Linares, para exigir la retirada o modificación del real decreto. Los profesionales demandan que se respete su criterio clínico y se reduzca la carga burocrática que consideran excesiva e innecesaria.
Además de las movilizaciones, se han recogido más de 30.000 firmas en pocas semanas en contra de la normativa, evidenciando el amplio rechazo que ha generado en el sector. El Colegio Oficial de Veterinarios de A Coruña subraya que la libertad de prescripción es fundamental para garantizar tratamientos efectivos y seguros, y que las restricciones actuales podrían comprometer tanto la salud de los animales como la de sus propietarios, al aumentar el riesgo de zoonosis.
En respuesta a las protestas, el Ministerio de Agricultura ha anunciado una revisión de las sanciones y una posible flexibilización de algunos aspectos de la normativa. Sin embargo, los veterinarios consideran que estas medidas son insuficientes y continúan demandando cambios más profundos que les permitan ejercer su profesión con autonomía y en beneficio de la salud animal.
La controversia en torno al Real Decreto 666/2023 pone de manifiesto la necesidad de encontrar un equilibrio entre la regulación del uso de antibióticos para prevenir resistencias y la autonomía profesional de los veterinarios para garantizar una atención sanitaria óptima a los animales. Mientras tanto, el sector sigue en pie de guerra, defendiendo su criterio clínico y alertando sobre los peligros que la normativa actual representa para la salud animal y pública.
