- La organización compareció este martes en los juzgados de Granada, donde se dirimen los primeros casos de los alrededor de 5.500 que acumula la organización
Uniones Agrarias compareció este martes en el Juzgado del Mercantil nº 1 de Granada para participar en la audiencia previa con la que se pone oficialmente en marcha a maquinaria judicial por los casos del Cártel de la Leche. Se trata de los primeros juicios de los alrededor de 5.500 casos que en estos momentos se encuentran en manos de los servicios jurídicos de la organización. Un número de afectados que creció en los últimos meses y que aún podría incrementarse pues, tal y como recuerda Uniones, el plazo para sumarse a la reclamación aun no ha prescrito.
Después de que en febrero de este año a Audiencia Nacional diera carpetazo al intento de las lácteas de zafarse de la sanción millonaria interpuesta por la Comisión Nacional de los Comprados y de la Competencia, Uniones Agrarias confía en que los afectados por el Cártel Lácteo puedan alcanzar pronto una resolución favorable y recuperar el dinero que les corresponden. Y es que la sentencia emitida hace cuatro meses no solo tumbou la pretensión de las industrias de evitar la multa que se les había impuesto en el 2019: supuso el reconocimiento del hecho delitivo cometido al pactar de manera ilícita precios a la baja para la leche; y avala el derecho de los afectados a recuperar el diferencial entre los ingresos percibidos y los que habían debido haber recibido de no haberse dado esa manipulación artificial de los precios.
Las sesiones celebradas hoy suponen un paso más en el largo camino recorrido por Uniones Agrarias para frenar los abusos de las lácteas y defender los derechos de las ganaderas y ganaderos gallegos. La organización recuerda que todos los titulares de explotaciones que habían vendido leche entre los años 2000 y 2013 pueden sumarse a la reclamación para que las industrias les reembolsen el diferencial correspondiente a la cuantía que habían debido haber cobrado por la producción vendida en esos años y lo que realmente percibieron. Una cantidad que, tal y como reconoció primero la Comisión Nacional de los Comprados y de la Competencia y después la Audiencia Nacional, se vio alterada por los pactos de precios ilícitos alcanzados por las industrias durante esos años.
Las demandas de afectados que los servicios jurídicos de Uniones Agrarias aglutinan este momento rondan las 5.500. Sin embargo, se calcula que el número real de afectados puede superar los 49.000, de acuerdo con el número de explotaciones que registraron ventas en los años de actuación del cártel. Así las cosas, la organización recuerda a aquellos que no lo hayan hecho ya que aún están a tiempo de sumarse a la reclamación.
Uniones Agrarias lamenta que, a pesar de su voluntad de alcanzar una solución negociada la este conflicto, esta no haya sido posible debido a la resistencia de las industrias. Sin embargo, la organización no tiene duda de que la razón está del lado del sector productor y, en vista de los avances alcanzados la este momento, confía en que finalmente la justicia reconocerá el derecho de cada uno de los afectados a percibir lo que le corresponde.
Las reclamaciones de los más de 5.000 ganaderos que se han sumado la esta causa de la mano de los servicios jurídicos de Uniones Agrarias supera los 600 millones de euros, de acuerdo con los cálculos y la exhaustiva pericial realizada para calcular el importe del daño individual causado por el cártel la cada uno de ellos.
