Los ganaderos frente a la industria: El litigio por el cártel lácteo
Las sentencias iniciales eximen a las lácteas de indemnizar, pero las demandas y el debate sobre la Ley de la Cadena Alimentaria persisten.
Las primeras sentencias de los juzgados barceloneses han fallado en contra de las reclamaciones de los ganaderos afectados por el llamado “cártel de la leche”. Estas resoluciones eximen a empresas como Capsa de compensar económicamente a los productores, pero no significan el fin del proceso legal. Aún quedan múltiples demandas en trámite contra las grandes industrias lácteas, señaladas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por prácticas que alteraron el mercado y perjudicaron a miles de explotaciones.
En 2019, la CNMC sancionó a ocho empresas lácteas con multas millonarias por coordinarse para pactar precios y restringir la capacidad de los ganaderos para negociar libremente. Aunque estas sanciones aún están pendientes de recurso en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional ha ratificado los hechos probados: durante años, las industrias manipularon el mercado de la leche en detrimento de los productores.
Las empresas sancionadas incluyen:
- Capsa (Corporación Alimentaria Peñasanta)
- Danone
- Lactalis Iberia
- Nestlé España
- Puleva (Grupo Lactalis)
- Grupo Lactalis Puleva
- Forlactaria Operadores Lecheros
- Lactogal (Leche Río Galicia)
El impacto económico estimado por organizaciones como Unións Agrarias es contundente: alrededor de 100.000 euros por explotación afectada. Sin embargo, el panorama judicial es incierto. Empresas como Eskariam, que representan a más de 7.000 ganaderos, continúan presentando demandas mientras se intensifica el debate sobre la efectividad de la Ley de la Cadena Alimentaria, que debería evitar estas prácticas. Los ganaderos denuncian que esta legislación no se aplica de manera efectiva debido a la falta de inspecciones y reglamentos específicos.
En Galicia, donde se concentra buena parte de las explotaciones afectadas, el caso simboliza una batalla más amplia: la lucha por reequilibrar las relaciones entre el sector productor y la gran industria, en un contexto donde la sostenibilidad económica del sector lácteo sigue en jaque. Con 900 millones de euros potencialmente en juego, las próximas decisiones judiciales podrían marcar un antes y un después en la negociación de precios y en la defensa de los derechos de los productores.
