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jueves, mayo 9, 2024

Medio Rural insiste en rechazar el registro obligatorio de los gallineros de autoconsumo y ve esta medida como otro ejemplo de burocracia innecesaria impuesta al rural

  • En la actualidad ya son más de 52.000 los gallineros de autoconsumo registrados en Galicia y, dado este ingente volumen, el conselleiro advirtió que con esta medida se están “matando moscas a cañonazos”
  • José González censuró que esta norma fuera ejecutada por el Ministerio de Agricultura sin medir sus consecuencias y sin atender la postura de la Xunta, reclamando además su modificación urgente
  • Explicó que la Consellería de Medio Rural trabaja de la mano de los propietarios de los gallineros y de las tiendas de venta de aves para minimizar dentro de lo posible las trabas que provoca este trámite, facilitando la compra de los animales mostrando el DNI del titular
  • En este Consello Consultivo, y enlazando con el exceso de burocracia que supone este registro obligatorio, el conselleiro definió como insuficiente a postura del Ministerio sobre la modificación de la PAC, que no se adecúa a las necesidades de Galicia
  • Volvió a insistir en demandar una mayor flexibilidad en la aplicación de estas políticas, tal y como siguen demandando también agricultores y ganaderos
  • Además, en relación con el vino, el conselleiro solicitó una compensación -con una mayor asignación de fondos- para la reestructuración de viñedos y para inversiones en bodegas, con el fin de que no queden proyectos viables sin asignación de subvención

El conselleiro del Medio Rural en funciones, José González, participó esta tarde por videoconferencia en el Consello Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, presidido por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. En esta reunión, la Xunta volvió a trasladar al Ministerio su rechazo al registro obligatorio de los gallineros de autoconsumo, impuesto por la normativa estatal. Así, el conselleiro del Medio Rural en funciones señaló que para el Gobierno gallego este deber forma parte de un proceso estéril y que no redunda en ningún tipo de beneficio para la población.

Por eso, indicó González, la Xunta está trabajando de la mano de los propietarios de los gallineros y de las tiendas de venta de aves para minimizar dentro de lo posible las trabas que provoca este trámite -facilitando la compra de los animales mostrando el DNI del titular- y reclama, al tiempo, que el MAPA dé marcha atrás en esta cuestión, ya que -subrayó- el registro carece de justificación y que se abra a modificar el Real Decreto que regula esta materia. En este mismo sentido, el conselleiro advirtió que con esta medida se están “matando moscas a cañonazos” y, para reforzar esta argumentación, avanzó que en la actualidad ya son más de 52.000 los gallineros de autoconsumo registrados en Galicia, remarcando además que no se pueden equiparar estas pequeñas explotaciones -que son muy numerosas en Galicia- con las profesionales.

 

En esta línea, José González recordó también que la Xunta presentó hasta 40 alegatos la este texto legal a lo largo de su tramitación, insistiendo en que había dejado fuera de aplicación a las explotaciones avícolas de autoconsumo. La Xunta considera que esta medida es completamente errónea y que los únicos requisitos exigibles para los dueños de los gallineros deberían ser los relacionados con las condiciones mínimas higiénico-sanitarias y de bienestar animal, así como permitir los controles oficiales y estar sujetos al régimen sancionador, en su caso.

Modificación del Pepac 2023-2027

En este contexto, José González definió este deber legal de tener que registrar los gallineros de autoconsumo como un ejemplo de burocracia innecesaria que enlaza con las necesidad de atender a las particularidades del territorio, en el marco de las demandas de Galicia alrededor de la PAC. Así, la Xunta ve insuficiente a propuesta de modificación del Plan Estratégico de la PAC (Pepac) 2023-2027 remitida el viernes pasado por el Gobierno a las comunidades autónomas. Este documento “no se ajusta a nuestras necesidades”, tal y como trasladó esta tarde el conselleiro del Medio Rural en funciones en el seno del dicho Consello Consultivo.

González volvió a reclamar al ministro Planas “una mayor amplitud de miras y ambición” en la modificación, tal y como insistió Galicia en las reuniones técnicas celebradas en las últimos días. En este contexto, el conselleiro insistió en demandar una mayor flexibilidad en la aplicación de la PAC, tal y como siguen exigiendo también agricultores y ganaderos “y así se pudo ver de nuevo este pasado fin de semana en Madrid”, aseveró. En la misma línea, José González recordó el trabajo que se viene manteniendo con las organizaciones profesionales agrarias y con las comunidades de la Cornisa cantábrica para reclamar la adaptación del Plan Estratégico de la PAC (Pepac) a la realidad del territorio gallego en particular y de la España húmeda en general.

En relación con estas políticas, González valoró que la Unión Europea esté dando pasos cara esa flexibilización de la PAC “en la línea del que Galicia viene demandando desde hace tiempo” pero advirtió que “seguimos viendo defectos importantes” en el referido a la alixerar todo el posible a carga burocrática que soportan las explotaciones agroganaderas, además de cuestiones referidas a los ecorrexímenes y la condicionalidade reforzada. En todo caso, la Xunta considera que, con los pasos dados por la Comisión Europea, a pesar de que insuficientes, Bruselas está manteniendo una postura más ambiciosa, en el sentido de su disponibilidad para flexibilizar la PAC, que el propio MAPA, gracias, precisamente a la presión negociadora de las comunidades autónomas, y así se lo hizo saber el conselleiro al ministro.

Sector del vino

Por otra parte, en relación con el vino, el conselleiro advirtió que en Galicia el uso de fondos del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (Pasve) para las medidas de cosecha en verde o destilación de crisis tiene un impacto muy reducido. Por eso, solicitó una compensación a través de una mayor asignación de fondos para la reestructuración de viñedos y para inversiones en bodegas, con el objetivo de que no queden proyectos viables sin asignación de subvención.

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