- Fundación Montescola y SLG piden a la Fiscalía investigar a tres directores de la Xunta por irregularidades en la gestión de la mina San Acisclo, Muras.
La mina San Acisclo, ubicada en Muras y gestionada por el grupo Urbas, se ha convertido en el epicentro de una disputa legal y social. Fundación Montescola y el Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL) han solicitado a la Fiscalía una investigación por presunta prevaricación en el manejo de la concesión de la mina, que implica a tres altos cargos de la Xunta de Galicia. Esta demanda se sustenta en las recientes conclusiones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que anuló la autorización minera otorgada a Materiales Cerámicos Materias Primas S.L. por la Consellería de Economía, Industria e Innovación, citando graves irregularidades.
Según el fallo del TSXG, la Consellería ignoró las alertas de irregularidades y obvió la evaluación ambiental estratégica que exige la ley, situación que el tribunal describió como una “flagrante vulneración” de los principios legales a los que deben someterse las administraciones públicas. Este veredicto no establece responsabilidad penal, ya que el proceso fue de naturaleza contencioso-administrativa, pero abre una puerta a investigar si hubo una actuación indebida por parte de los responsables de la Xunta.
Las organizaciones demandantes, que llevan años alertando de estas irregularidades, sostienen que los directores generales implicados aprobaron la transmisión de la concesión pese a estar caducada y a sabiendas de que no cumplía los requisitos ambientales y legales. Documentos clave, retenidos por la Xunta durante meses, sugieren que incluso algunos funcionarios internos de la Consellería habían advertido sobre la ilegalidad de las concesiones. La SLG llegó a recurrir a la Valedora do Pobo para obtener estos archivos.
Esta denuncia a la Fiscalía también señala una tendencia en la administración autonómica de facilitar proyectos industriales y extractivos a grandes empresas en áreas rurales de Galicia, desatendiendo en muchos casos las regulaciones medioambientales. La Fundación Montescola y el SLG consideran que esto es parte de una estrategia legislativa de la Xunta, conocida como las “Leis de Depredación,” que prioriza los intereses corporativos sobre la sostenibilidad ambiental y el bienestar de la comunidad.
Las áreas afectadas por el proyecto, que incluyen tierras de la Red Natura 2000 y están dentro de una Reserva de la Biosfera, podrían haber sufrido impactos irreversibles de haberse avanzado en la extracción. “Nuestro deber es evitar que la administración siga posicionándose a favor de proyectos que explotan los recursos naturales, amenazan las actividades productivas locales y ponen en riesgo el entorno natural y la vida de quienes habitamos en Muras,” señalaron representantes de las organizaciones demandantes.
La solicitud a la Fiscalía representa un intento de fijar responsabilidades penales y frenar la expansión de proyectos que, según los denunciantes, “se imponen sin considerar las voces de las comunidades afectadas ni el daño ambiental que puedan causar.” La lucha para proteger el territorio continúa mientras se espera la respuesta de la Fiscalía a esta acusación formal.
