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lunes, octubre 14, 2024

Solo cinco parques eólicos evitan la suspensión judicial en Galicia

  • La paralización de proyectos eólicos en Galicia continúa debido a preocupaciones por daños ambientales irreversibles, con solo cinco parques evitando la suspensión judicial.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha frenado la mayoría de los proyectos eólicos en la región, con 59 de 64 parques paralizados debido a recursos legales. En los últimos días, siete nuevos parques han visto suspendidos sus trámites, sumando un total de 235,4 megavatios de potencia afectados. Entre ellos se encuentran proyectos como Serra de Liñares, Serra da Piñeira y Paraño Oeste. El principal motivo de estas suspensiones es la preocupación por posibles daños ambientales irreversibles, con especial atención a la afectación de especies vulnerables y hábitats protegidos.

La decisión judicial se basa en el principio de precaución, que prioriza la preservación de ecosistemas sensibles, tal como lo contempla la Declaración Ambiental Estratégica emitida por el Ministerio para la Transición Ecológica. Los jueces han justificado las medidas cautelares señalando que, sin una intervención, los proyectos podrían ocasionar daños irreparables en áreas de alto valor ecológico.

A pesar de estas suspensiones masivas, hay cinco proyectos que han logrado continuar sin impedimentos judiciales, incluidos Picato y Solpor. En estos casos, el tribunal consideró que los demandantes, en su mayoría organizaciones ecologistas, no presentaron pruebas suficientes que demostraran impactos medioambientales concretos.

Este contexto refleja un estancamiento en el desarrollo de la energía eólica en Galicia, una de las regiones clave para el crecimiento de las energías renovables en España. Las suspensiones han puesto en pausa no solo las inversiones previstas, sino también el avance hacia los objetivos de transición energética en la comunidad. Mientras tanto, el TSXG continúa evaluando los riesgos ambientales que podrían generar los proyectos en cuestión, ante la creciente presión de los colectivos ecologistas y del sector energético.

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