- Es el momento de aprobar una moratoria inmediata y de abrir una reflexión en la que, pide al ministerio, participen también las comunidades autónomas porque ellas son las que mejor conocen el territorio y las que van a tener que aplicar esas normas
La semana pasada, las protestas protagonizadas por agricultores franceses y belgas llegaron a España y Galicia, generando una serie de concentraciones y manifestaciones en diferentes puntos de la región. Mientras en otras comunidades autónomas como Valencia, La Rioja o Castilla y León cientos de tractores bloqueaban importantes vías de comunicación, en Galicia se registraron concentraciones en Ourense y Lugo, así como protestas en el entorno de Valença, organizadas por agricultores portugueses. En este contexto, el conselleiro de Medio Rural, José González, ha instado a tomar medidas para proteger la viabilidad económica de las explotaciones agrícolas gallegas.
Según González, es imperativo que se establezca al menos una moratoria para legislaciones que representan una amenaza para el sustento económico de las explotaciones agrícolas. “Estamos al lado de los agricultores y ganaderos en relación con la legislación europea vinculada a la Política Agrícola Común (PAC), que está resultando en una serie de trabas burocráticas y exigencias medioambientales”, afirmó el conselleiro. En su opinión, es fundamental que el Ministerio de Agricultura, como interlocutor del sector en Europa, transmita con claridad a las autoridades europeas la necesidad de detener esta legislación y trabajar de la mano de los agricultores españoles y gallegos para garantizar la soberanía alimentaria.
González subrayó la importancia de establecer cláusulas de reciprocidad en acuerdos comerciales como el de Mercosur, para asegurar que las producciones agrarias que ingresan al mercado europeo cumplan con los mismos estándares que se aplican a los agricultores y ganaderos europeos. Además, mencionó el nuevo decreto de nutrición sostenible de suelos, que prohíbe la esparcimiento de purín desde el 1 de enero y obliga a su inyección, una normativa que considera perjudicial para el sector debido a la falta de infraestructura adecuada.
Por tanto, desde la consellería se exige al ministro de Agricultura, Luis Planas, que defienda en Europa una moratoria inmediata para esta legislación que pone en peligro las explotaciones agrícolas y que proteja firmemente a los agricultores y ganaderos españoles. González recordó que Europa recientemente eliminó una normativa que preveía reducir el uso de fitosanitarios al 50 %, un cambio radical que debe ser liderado por España ante la Unión Europea.
El conselleiro destacó que esta postura ha sido coherente durante las negociaciones de la PAC y del decreto de nutrición de suelos, para los cuales presentaron numerosas alegaciones. En su opinión, es necesario que la legislación se desarrolle de manera participativa, contando con la colaboración de las comunidades autónomas, que son las que mejor conocen el territorio y las que aplicarán estas normativas.
También hubo incidentes, sobre todo en otras comunidades de España, como por ejemplo este de Albacete.
