Todos los productores de leche de vacuno de España llevan meses oyendo hablar del Real Decreto 980/2017 de 10 de noviembre, conocido como «decreto de purines». En esencia se trata de una normativa que prohíbe los métodos de aplicación de purín de origen animal que se venían utilizando en la mayoría de ganaderías, especialmente en las de Galicia y la cornisa Cantábrica. Además, obliga a que los residuos sean inyectados en la tierra o cubiertos por esta en el momento inmediato a su difusión. Aunque finalmente las prohibiciones que conlleva no se formalizarán este año en buena parte de las comunidades autónomas, esto no significa que vayan a desaparecer. En este informe analizamos las cifras que rodean al manejo de purines —volúmenes, costes, etc.—, y también la legislación que sustenta el decreto, las causas que llevaron a implementar la nueva normativa, las prohibiciones que implica —y las consecuencias derivadas de saltárselas—, así como las opciones técnicas para cumplir con la nueva legislación y las alternativas que puedan surgir.
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Las cifras
La gestión de los residuos animales es uno de los aspectos que más horas de trabajo generan en las explotaciones al cabo del año. Es necesario recogerlos diariamente, almacenarlos y utilizarlos para abonar las tierras o, en contados casos, ceder su gestión a una empresa de residuos. Veamos algunas cifras que explican la magnitud del problema que puede suponer la llegada del decreto de purines.
Según los datos del Instituto Galego de Estadística, Galicia cuenta con una cabaña de aproximadamente 320.000 vacas lecheras, que suponen más del 40% del total de España —unas 96.000 novillas y 224.000 adultas—. Cada animal adulto produce diariamente un metro cuadrado de excrementos, con un peso de entre 20 y 45 kilogramos según la época del año y la composición de los deshechos, tal y como se apunta desde la Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina de España. Así pues, solo las vacas adultas gallegas pueden generar en un día de otoño —cuando los excrementos son más pesados por el tipo de alimentación— hasta 10 millones de kilogramos de residuos fecales.
Estas cantidades de purín, como es lógico, se usan mayoritariamente para abonar las fincas, algo imprescindible en un sistema de producción de leche que depende, en gran medida, de la capacidad de producir forrajes propios para que las explotaciones resulten rentables.
La Unión Europea basa su normativa para la aplicación de purines en la necesidad de reducir las emisiones de amoníaco de origen agrícola, y aquí es donde hallamos una aparente contradicción. ¿Por qué? Porque es a los productores de leche —y de carne de vacuno— a quienes se obliga a modificar sus métodos de aplicación cuando, como reconoce un informe de la propia Comisión Europea, la ganadería láctea bovina supone solo el 4,4% de las emisiones de amoníaco agrícola de España.
Aunque el sector porcino y los nitratos de síntesis —fertilizantes químicos— suponen el 17,5% y el 19,7% respectivamente, se actúa sobre ese 4,4% porque es al que se puede controlar, sancionando al ganadero mediante recortes en las subvenciones que recibe de la PAC. ¿Cómo? Porque esos purines acaban en las fincas que se destinan a forraje, y que son la base para cobrar estas ayudas.
Las cifras de adaptación al decreto de purines también merecen, como mínimo, una reflexión. Un estudio de la Unión de Campesinos de Castilla León calcula en 150.000 euros el coste medio que supondría, a las explotaciones de esta comunidad, aplicar los purines conforme a la normativa.
En cuanto a Galicia, las principales organizaciones agrarias estiman en 10.000 euros el gasto mínimo necesario. Según estas mismas organizaciones, solo el 10% de las 20.000 cisternas que existen en Galicia están adaptadas para las nuevas máquinas de difusión de purines. Por su parte, la Organización de Productores Lácteos de León sitúa en 45.000 euros el coste por explotación, y en Aragón la cifra oscila entre los 12.000 y los 18.000 euros.
La adaptación al decreto de purines implica un desembolso considerable para unas explotaciones que deben vigilar hasta el último céntimo para ser rentables.
Este baile de números se justifica por el distinto tamaño de las explotaciones —que pueden necesitar más de una máquina—, por el tipo de maquinaria que se necesita adquirir, por la posibilidad o no de acoplamiento a la maquinaria existente, etc. En todo caso, cualquiera de estas cantidades implica un desembolso considerable para unas explotaciones que deben vigilar hasta el último céntimo para ser rentables. Héctor Ledo, jefe del parque de maquinaria de la cooperativa Aira —que cuenta con 2.800 socios en las provincias de Lugo y Pontevedra—, asegura que «a día de hoy es absolutamente imposible que se aplique el decreto de purines. Llevaría al cierre a miles de ganaderos, y no solo por el gasto en maquinaria, sino porque hay fincas en las que es imposible trabajar con esas normas. Y luego están las horas de trabajo, ya que lo que ahora se hace en cinco minutos podría triplicar su duración».
—ARTÍCULO COMPLETO DISPONIBLE EN AFRIGA #134—
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