- El secretario general técnico de la Consellería de Medio Rural participó en Madrid en la reunión del Órgano de Coordinación del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC)
- El Gobierno gallego -y los de otras comunidades- consideran que la falta de escucha y atención por parte del Ministerio a las autonomías fue uno de los principales detonantes de las movilizaciones en el campo
- Galicia y varias regiones censuran que el Gobierno central siga sin tener en cuenta los diferentes territorios en la introducción de posibles cambios o flexibilizacións en la PAC, cuando son las comunidades las que las tendrían que aplicar en el territorio
- Representantes autonómicos afearon al Ministerio a convocatoria sin documentación previa, tratando de lanzar el mensaje de una negociación que no es real, y toda vez que el 15 de febrero se remitió un documento de trabajo para esta reunión, sin obtener responde
- Galicia demanda también rapidez en la toma de decisiones, ya que la campaña de la PAC 2024 comenzó el pasado 1 de febrero y todas las medidas que se puedan adoptar van a producir retrasos en la solicitud de las ayudas y en la gestión y realización de los pagos
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) no está teniendo en cuenta a las comunidades autónomas a la hora de introducir posibles modificaciones o flexibilizacións en la Política Agraria Común (PAC), a pesar de que las autonomías son las que tienen que aplicar, sobre el terreno, esta legislación.
Así lo constató de nuevo hoy la Xunta, tras participar en la reunión del Órgano de Coordinación del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC), que tuvo lugar en Madrid bajo la presidencia del secretario general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del MAPA, Fernando Miranda. La este encuentro asistió, en representación de Galicia, el secretario general técnico de la Consellería de Medio Rural, Joaquín Macho.
El Gobierno gallego afea al Ministerio -como también lo hacen otros representantes autonómicos- que esta reunión se había convocado sin documentación previa, tratando de lanzar el mensaje de una negociación que no es real. Así, hace falta recordar que las comunidades autónomas habían remitido ya el pasado 15 de febrero un documento de trabajo que no tuvo respuesta. Por lo tanto, Galicia -junto con otras comunidades- queda a la espera de que se le remita un documento de trabajo con el que comenzar las negociaciones en la semana de 11 de marzo .
Además, la Xunta recuerda que avisó -al igual que otros territorios- de la problemática del campo español (y gallego en particular) desde las reuniones previas en los meses de septiembre y octubre en todos los foros en los que tuvo oportunidad, ser recibir otra contestación que no había sido una rotunda negativa a una posible modificación o flexibilización.
La mayores, Galicia demanda también rapidez en la toma de decisiones, ya que la campaña de la PAC 2024 comenzó ya el pasado 1 de febrero. Por tanto, desde aquella transcurrió más de un mes y todas las medidas que se puedan adoptar van a producir retrasos en la solicitud de las ayudas y, en consecuencia, en la gestión y realización de los pagos oportunos.
Reclamaciones de Galicia
En este encuentro, el representante gallego trasladó de nuevo las principales reclamaciones de nuestra comunidad en relación con la actual situación del campo en Europa y los posibles cambios en la normativa comunitaria reguladora de la PAC. En este sentido, Galicia aboga por una aplicación progresiva (en tiempo y forma) de la batería de medidas que resulte de este proceso comunitario, que será fundamental para el futuro de nuestro sector agrario, y que se tengan en cuenta las comunidades autónomas en su diseño.
Así, la Xunta considera que hace falta trabajar para conseguir una verdadera adaptación de la PAC a las peculiaridades de cada uno de los territorios que conforman la Unión Europea, y en particular a las condiciones del campo gallego, contemplando factores como el minifundismo, el tipo de suelos, el relieve del terreno, el clima o el carácter familiar de las explotaciones profesionales. Todas estas condiciones deben respetarse, según el Gobierno autonómico, a la hora de regular la nutrición de los suelos, el uso de fitosanitarios o adaptar los ecorexímenes a la realidad de los territorios.
Por eso, se reclama una moratoria urgente y temporal de la nueva legislación comunitaria que está imponiendo trabas a agricultores y ganaderos, con el fin de abrir un período de reflexión que desemboque en el rediseño de las políticas cuestionada, apostando por una reducción de la carga administrativa de agricultores y ganaderos, en cuestiones fundamentales como flexibilizar el uso del cuaderno digital o la figura del veterinario de explotación. Además, Galicia remarca la necesidad de introducir de una manera obligatoria cláusulas espejo en los tratados internacionales, primando la transparencia en el comprado y con precios justos, y garantizando, a nivel estatal, el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.
